El gobierno nacional promulgará la Ley de Emergencia en Discapacidad que el Congreso ratificó después de rechazar el veto del presidente Javier Milei, pero aclaró que no la va a reglamentar hasta definir de dónde saldrán los recursos para financiar su implementación. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
De esta manera, la administración mileísta no judicializará la normativa, como lo había adelantado en su momento. Y si bien aceptará la medida impulsada por la oposición en Diputados y el Senado, condicionó su aplicación a que se defina su financiamiento.
“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente. Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”, explicó Francos en declaraciones a Clarín.
Sin embargo, el funcionario advirtió: “Vamos a promulgar la ley como corresponde. También es cierto que, creo que es el artículo 38 de la ley financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”.
Qué impacto fiscla tendrá la Ley de Emergencia en Discapacidad
La Oficina de Presupuesto del Congreso había informado que la iniciativa “podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493.000 y 946.000 personas, que implicaría un refuerzo fiscal de entre $ 1.889.371 y 3.627.495 millones de pesos, gasto equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI”.
Además, precisó que por la compensación de emergencia a prestadores, el financiamiento exigido estaría en el orden de los $278.323 millones, mientras que la asignación para talleres de producción ascendería a $7.160 millones, según informó la Agencia DIB.
Uno de los puntos principales de la ley de emergencia en discapacidad establece al financiamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social. La medida define que podrán acceder a este beneficio quienes posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), no registren ingresos superiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, no perciban planes similares y pasen una evaluación socioeconómica.
La asignación corresponderá al 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleo registrado, siempre que los ingresos no excedan el tope fijado. El texto extiende la cobertura al establecer la transformación automática de todas las pensiones no contributivas otorgadas antes de la ley en vigencia, de modo que los beneficiarios no deban realizar nuevos trámites.
También se fortalece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, regulado por la Ley 24.901. Y se definió un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para empresas y trabajadores vinculados al sistema de discapacidad.
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