Un inesperado tiroteo en un campo de Colonia Barragán, a pocos kilómetros de Mar del Plata, derivó en el hallazgo de uno de los cultivos de marihuana más importantes del año. Todo comenzó cuando un hombre disparó contra un grupo de jóvenes de una granja de rehabilitación que recogía leña, lo que llevó a una denuncia policial y un allanamiento que destapó una producción ilegal valuada en más de 150 millones de pesos.
Según reconstruyó el diario La Capital de Mar del Plata, el episodio ocurrió la semana pasada cuando siete chicos fueron atacados a tiros por un vecino del predio donde buscaban leña con permiso del dueño. Uno de los disparos pasó cerca del pie de un joven y otro impactó contra el árbol en el que se había subido otro de ellos. Tras la denuncia del propietario del campo lindero, la Policía allanó el predio el sábado último.
El operativo sorprendió a los efectivos: en una finca de ocho hectáreas encontraron 43 bolsas de consorcio con cogollos listos para la venta, cajas con más marihuana en proceso de secado, 530 plantines, armas, dinero en efectivo, vehículos y un sistema de cultivo completo. También se incautaron más de 13 millones de pesos, una escopeta Pietro Beretta calibre 12 y varios dispositivos electrónicos.
La magnitud del hallazgo llevó a que la fiscal María Florencia Salas y el fiscal de Estupefacientes Leandro Favaro derivaran el caso a la Justicia Federal. Se estima que solo en flores secas se encontraron unos 55 kilos, más otros 30 en proceso de secado, además de los plantines bajo luz artificial y con riego por goteo, lo que confirma una operación sofisticada y en expansión.
El fiscal federal Santiago Eyherabide tomó el control de la causa, y según informaron fuentes del caso, los dos detenidos —de 30 y 32 años— ya fueron procesados con prisión preventiva. Uno de ellos sería quien disparó contra los jóvenes, un acto que, paradójicamente, terminó exponiendo toda la operación narco.
El insólito episodio, que comenzó con un hecho violento menor, terminó por sacar a la luz una estructura criminal de alto nivel que operaba a escasos metros de un espacio de rehabilitación. El olor a marihuana, según testigos, “era envolvente”, pero las plantas estaban ocultas bajo una arboleda que impedía detectarlas desde el aire.
30 de abril. El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 136, en jurisdicción de Chascomús. El vehículo impactó contra el guard-rail y terminó debajo del puente. El conductor logró salir por sus propios medios.
30 de abril. Se actualizan los haberes con una suba del 3,4%, aunque la suma extra se mantiene sin aumentos desde marzo de 2024. Los días de cobro se corren por feriados y arrancan en la segunda semana de mayo.
30 de abril. El viernes pasado se encontró un mensaje dirigido a directivos junto a dos proyectiles dentro del establecimiento. Se dispuso la suspensión preventiva de la presencialidad mientras avanza la investigación. La comunidad educativa pidió condiciones para retomar las clases.
29 de abril. Serán distribuidas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para alcanzar una integración total entre los CAPS y el Hospital “San Roque”, y avanzar en la implementación de la historia clínica digital en todo el sistema de salud local.
29 de abril. Problemas de distribución, caída de ventas y el avance de lo digital dejaron a la ciudad sin oferta de revistas impresas. Kiosqueros advierten que la situación se repite en el interior y que el papel pasó de hábito cotidiano a consumo excepcional.
29 de abril. Sus dueños tomaron la decisión ante la imposibilidad judicial de avanzar con la construcción de un hotel. Cada uno de las residencias tendrá entre 2000 y 3000 metros cuadrados. La iniciativa también contempla rediseñar el campo de juego, que quedará reducido a la mitad (9 hoyos).
29 de abril. El expediente judicial contempla que el procedimiento se lleve a cabo el próximo 4 de mayo. Mientras tanto, se busca vender a algunos de los pingüinos que siguen en el oceanario, que quebró y cerró sus puertas en abril de 2025.
28 de abril. Tras más de 600 mensajes intimidatorios en establecimientos de la Provincia, el gobierno bonaerense presentó una denuncia para investigar una presunta estructura organizada detrás de los hechos. En paralelo, Santa Fe y Córdoba endurecen medidas: impulsan demandas civiles y multas a padres de menores responsables por los altos costos de los operativos de seguridad.