Dos nuevos casos de estafas virtuales tuvieron como víctimas en las últimas horas a personas residentes en General Madariaga, en ambos casos por montos que superan el millón de pesos. Los hechos, que están siendo investigados por la Fiscalía Nº 8, fueron informados por el portal Central de Noticias Madariaga (CNM), que dio cuenta de que los damnificados fueron una chica de 20 años y a una pareja de jubilados.
En el primer caso, la joven fue víctima de una compleja estafa que le significó la pérdida de más de $ 2.600.000. Según se supo, fue contactada por WhatsApp desde un número con característica de la provincia de Córdoba (0351 ó 353), donde un supuesto operador le advirtió que estaban intentando tramitar un préstamo a su nombre.
Con la excusa de “detener la operación”, los estafadores le indicaron que debía instalar dos aplicaciones en su celular. Estas “apps”, que en realidad funcionan como escritorios remotos, permitieron a los delincuentes tener acceso completo al dispositivo.
Una vez dentro del celular, los delincuentes actuaron como si fueran la víctima: tramitaron préstamos a su nombre y le ordenaron transferencias desde sus propias cuentas. En total, la joven terminó enviando más de $ 2.650.000 a cuentas desconocidas. A esto se sumó una extracción adicional de $ 257.000 desde su cuenta de Mercado Pago, también sin autorización.
El otro caso de estafa virtual involucró a una mujer de 72 años, quien relató que cayó en un engaño tras ver una publicidad en redes sociales que supuestamente ofrecía descuentos especiales para jubilados, en nombre de una conocida empresa de combustibles (YPF).
A través del enlace que figuraba en la publicación, la mujer fue contactada por presuntos operadores, quienes, luego de ganarse su confianza, le solicitaron escanear el rostro de su esposo “para completar el trámite”.
Días más tarde, al acercarse al Banco Nación, la mujer descubrió que desde la cuenta de su marido se había gestionado un préstamo por $ 1.400.000, sin su conocimiento ni autorización, consignó el portal CNM.
30 de abril. El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 136, en jurisdicción de Chascomús. El vehículo impactó contra el guard-rail y terminó debajo del puente. El conductor logró salir por sus propios medios.
30 de abril. Se actualizan los haberes con una suba del 3,4%, aunque la suma extra se mantiene sin aumentos desde marzo de 2024. Los días de cobro se corren por feriados y arrancan en la segunda semana de mayo.
30 de abril. El viernes pasado se encontró un mensaje dirigido a directivos junto a dos proyectiles dentro del establecimiento. Se dispuso la suspensión preventiva de la presencialidad mientras avanza la investigación. La comunidad educativa pidió condiciones para retomar las clases.
29 de abril. Serán distribuidas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para alcanzar una integración total entre los CAPS y el Hospital “San Roque”, y avanzar en la implementación de la historia clínica digital en todo el sistema de salud local.
29 de abril. Problemas de distribución, caída de ventas y el avance de lo digital dejaron a la ciudad sin oferta de revistas impresas. Kiosqueros advierten que la situación se repite en el interior y que el papel pasó de hábito cotidiano a consumo excepcional.
29 de abril. Sus dueños tomaron la decisión ante la imposibilidad judicial de avanzar con la construcción de un hotel. Cada uno de las residencias tendrá entre 2000 y 3000 metros cuadrados. La iniciativa también contempla rediseñar el campo de juego, que quedará reducido a la mitad (9 hoyos).
29 de abril. El expediente judicial contempla que el procedimiento se lleve a cabo el próximo 4 de mayo. Mientras tanto, se busca vender a algunos de los pingüinos que siguen en el oceanario, que quebró y cerró sus puertas en abril de 2025.
28 de abril. Tras más de 600 mensajes intimidatorios en establecimientos de la Provincia, el gobierno bonaerense presentó una denuncia para investigar una presunta estructura organizada detrás de los hechos. En paralelo, Santa Fe y Córdoba endurecen medidas: impulsan demandas civiles y multas a padres de menores responsables por los altos costos de los operativos de seguridad.