El gobernador Axel Kicillof anunció la incorporación de una nueva línea específica de acompañamiento a adultos mayores y la construcción de 18 centros que fortalecerán la red de atención y cuidados de la salud mental.
“En este contexto tan difícil que estamos atravesando, en el que el Gobierno nacional abandona sus responsabilidades y hace pocos días decidió vetar una ley que recomponía los haberes jubilatorios, en la provincia estamos convencidos de que debemos prestar especial cuidado a la situación que atraviesan las y los adultos mayores”, señaló Kicillof y agregó: “Nosotros nunca vamos a desertar de nuestras funciones: estamos aquí para acompañar y fortalecer los cuidados con respuestas más solidarias y humanas”.
El anuncio fue realizado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto a las subsecretarias de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; y de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro.
La incorporación de una nueva línea específica (0800 - 222 - 5462 opción 2) busca brindar acompañamiento a adultos mayores que afrontan situaciones de soledad y desamparo. En tanto, se invertirán $2.194 millones para construir 16 Centros Comunitarios de Salud Mental y dos Unidades Residenciales de Consumos Problemáticos, instituciones que permitirán evitar internaciones y dar continuidad a cuidados de cuadros graves o crónicos.
En ese sentido, Kicillof señaló que “todo lo que hemos hecho y estamos profundizando en materia de infraestructura, recursos humanos y equipamiento forma parte de una transformación integral que reconoce a la salud mental como uno de los componentes centrales de las políticas sanitarias”.
“En los últimos días hemos visto que las políticas de ajuste estaban alcanzando nuevamente a los hospitales: no es un tema de descentralización o federalismo, sino de recorte presupuestario y de un Gobierno nacional que sigue buscando desentenderse de sus obligaciones”, prosiguió el gobernador.
Y afirmó: "En la Provincia de Buenos Aires nunca nos vamos a plegar a este tipo de políticas porque no es para lo que nos eligieron: nuestro mandato de garantizar el derecho a la salud incluye también y fundamentalmente el derecho a la salud mental”.
30 de abril. El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 136, en jurisdicción de Chascomús. El vehículo impactó contra el guard-rail y terminó debajo del puente. El conductor logró salir por sus propios medios.
30 de abril. Se actualizan los haberes con una suba del 3,4%, aunque la suma extra se mantiene sin aumentos desde marzo de 2024. Los días de cobro se corren por feriados y arrancan en la segunda semana de mayo.
30 de abril. El viernes pasado se encontró un mensaje dirigido a directivos junto a dos proyectiles dentro del establecimiento. Se dispuso la suspensión preventiva de la presencialidad mientras avanza la investigación. La comunidad educativa pidió condiciones para retomar las clases.
29 de abril. Serán distribuidas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para alcanzar una integración total entre los CAPS y el Hospital “San Roque”, y avanzar en la implementación de la historia clínica digital en todo el sistema de salud local.
29 de abril. Problemas de distribución, caída de ventas y el avance de lo digital dejaron a la ciudad sin oferta de revistas impresas. Kiosqueros advierten que la situación se repite en el interior y que el papel pasó de hábito cotidiano a consumo excepcional.
29 de abril. Sus dueños tomaron la decisión ante la imposibilidad judicial de avanzar con la construcción de un hotel. Cada uno de las residencias tendrá entre 2000 y 3000 metros cuadrados. La iniciativa también contempla rediseñar el campo de juego, que quedará reducido a la mitad (9 hoyos).
29 de abril. El expediente judicial contempla que el procedimiento se lleve a cabo el próximo 4 de mayo. Mientras tanto, se busca vender a algunos de los pingüinos que siguen en el oceanario, que quebró y cerró sus puertas en abril de 2025.
28 de abril. Tras más de 600 mensajes intimidatorios en establecimientos de la Provincia, el gobierno bonaerense presentó una denuncia para investigar una presunta estructura organizada detrás de los hechos. En paralelo, Santa Fe y Córdoba endurecen medidas: impulsan demandas civiles y multas a padres de menores responsables por los altos costos de los operativos de seguridad.