El Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores rechazó un pedido de resarcimiento económico de Pablo Ventura, el remero de Zárate que fue falsamente involucrado en el asesinato de Fernando Báez Sosa.
Ventura había solicitado una indemnización por “la infundada e injusta detención, más la pérdida de la libertad y la alteración de la paz, de su honor mancillado y por la exposición pública”, luego de que Máximo Thomsen, uno de los ocho condenados por el crimen lo sindicara como parte del grupo mientras estaban siendo detenidos en Villa Gesell.
En sus fundamentos, el juez Carlos Alberto Herrera consideró que a Ventura “nunca se le dictó la prisión preventiva como sí ocurrió con el resto de los imputados” y que la detención del joven remero “resulta, si se quiere, un infortunio propio del ámbito del trámite de las actuaciones judiciales, es decir, podría configurar un eventual error de procedimiento en base a los datos recogidos por el procedimiento policial que llevó a la aprehensión” de los que finalmente fueron considerados culpables del crimen.
Ventura fue detenido en Zárate y llevado a la ciudad balnearia donde permaneció detenido durante cuatro días, acusado de formar parte del grupo que agredió y mató a Fernando Báez Sosa. En el momento de la detención del grupo, poco después de la pelea, la policía que allanaba el domicilio donde se alojaban preguntó de quién era una zapatilla manchada de sangre y Thomsen dijo “de Pablo Ventura”. A partir de allí, se dictó la orden de detención para el joven que pronto se probó estuvo esa noche en Zárate, comiendo con su familia, y que de ninguna manera había participado del homicidio. También se demostró que la zapatilla en cuestión era del propio Thomsen y con él se le había propinado a Fernando uno de los golpes mortales.
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