Las autoridades judiciales ordenaron el secuestro de las armas reglamentarias del personal que el viernes a la tarde estaba en la Unidad Investigativa de la Sub DDI de Santa Clara del Mar cuando un detenido de 42 años se mató de un disparo.
La medida fue dispuesta en el marco del cumplimiento de los protocolos vigentes cuando hay personal policial involucrado y a la espera de la realización de las pericias balísticas.
Si bien todo indica que el hombre empleó para dispararse un revólver calibre 38 que ocultó entre sus prendas y que no advirtieron los efectivos durante la detención y el traslado, en la causa a cargo del fiscal Ramiro Anchou, se aguarda el resultado de la autopsia y de la pericia balística que hará la Asesoría Pericial.
En primera instancia se tomó declaración al testigo que participó de la detención del hombre para que relate cómo fue el operativo de interceptación y traslado.
Tras hacerse presente junto al ayudante fiscal en la sede de la Sub DDI, Anchou convocó al área de Asuntos Internos que hizo sus actuaciones para definir, administrativamente, la responsabilidad de los oficiales que media hora antes del hecho detuvieron a A.H.R. –sus datos completos no se dan para no identificar a la menor víctima- en Santa Clara del Mar.
Fuentes judiciales consultadas por el portal 0223 confirmaron que la Justicia de Garantías había rechazado el pedido de eximición de prisión que había presentado su defensa a cargo del abogado penalista Cristian Moix. El penalista debía participar junto a A.H.R. el próximo miércoles en la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías de una audiencia para el informe oral del recurso de apelación interpuesto.
Sin embargo, esa apelación no tenía efecto suspensivo y el Juez de Garantías Gabriel Bombini había solicitado su captura. Desde que los miembros de la Sub DDI lo detuvieron hasta que el imputado se quitó la vida pasaron poco más de treinta minutos.
ACUSADO
Al hombre que se quitó la vida se lo acusaba de haber abusado sexualmente de su hija, cuando tenía ella unos 11 años, entre marzo de 2023 a agosto de 2024.
La niña se había mudado con su padre en marzo de 2023, por un problema que tenía en la casa de su madre. Incluso, esa mudanza fue por disposición del área de Desarrollo Social del municipio. Fue en ese contexto, en el que el hombre estaba al cuidado de la menor que se habrían dado los constantes abusos sexuales.
Al declarar en Cámara Gesell ante una perito psicóloga, la profesional concluyó que el relato de la niña había sido claro, sin que se observaran en su relato indicios de patologías psíquicas, producción delirante, fabulación o influencia de terceros. “El relato resulta compatible con las experiencias vividas por la joven”, explicó.
Ante esta situación es que el hombre había sido imputado por “abuso sexual triplemente agravado por ser cometido con acceso carnal, por su ascendente y contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente”.
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