El gobierno de Javier Milei firmó un decreto, que hoy se publicó en el Boletín Oficial, que liberaliza el mercado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), con lo cual eliminó la regulación de precios en los servicios de telefonía, TV por cable e internet.
Esta medida es similar a la que el Poder Ejecutivo Nacional había tomado en diciembre pasado con el mercado de las prepagas de salud, y que insólitamente llevó al ministro de Economía, Luis Caputo, a aseverar hace dos días que las empresas del sector “le están declarando la guerra a la clase media” debido al aumento del 154% en lo que va de 2024, lo que triplica la inflación.
"Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”, indica el texto del decreto 302/2024.
Martín Becerra, profesor e investigador del Conicet, la Universidad Nacional de Quilmes y la UBA y especialista en TIC, sostuvo en su cuenta de X (@aracalacana) que "en los hechos estaban liberados. La regulación de precios de las comunicaciones (DNU 690/20) sólo rigió durante algunos meses de 2020 y 2021. A partir de febrero de 2021 las empresas operadoras obtuvieron medidas cautelares y los servicios aumentan desde entonces. Lo comprueban mensualmente todos los argentinos".
La decisión se toma en el marco de la intervención por 180 días del ENaCom (Ente Nacional de Comunicaciones), que el gobierno nacional definió a fines de enero pasado. El licenciado Juan Martín Ozores es el interventor del organismo, que sufrió el cierre de todas sus delegaciones provinciales.
Cabe destacar que con este DNU se modifica la Ley Argentina Digital Nº 27.078, informó Perfil. Según se explica, la medida representa un paso hacia la desregulación de precios en el sector, con el objetivo de fomentar la competencia, incentivar la inversión y mejorar la calidad del servicio para los usuarios de todo el país.
A pesar de la desregulación de precios, el decreto reafirma la clasificación de los servicios de TIC como “esenciales y estratégicos”, subrayando el compromiso del Estado en garantizar el acceso universal a dichos servicios.
Entre las motivaciones que impulsan la reforma, se señaló la necesidad de incentivar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, particularmente en zonas rurales y remotas, para reducir la brecha digital en Argentina. Al liberar a los licenciatarios de las restricciones de precios, el gobierno espera estimular la expansión de redes y servicios, asegurando una cobertura más amplia y una mayor inclusión digital.
El gobierno también fundamentó su decisión al puntualizar “que es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida por el Decreto Nº 690/20”.
Además, el decreto sostiene “que en cuanto al fondo de la cuestión, es importante mencionar que los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar los precios de sus servicios libremente”.
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