El fiscal Pablo Gamaleri, a cargo de la causa por el asesinato de Tomás Tello en Santa Teresita (Partido de La Costa), solicitó la prisión preventiva para 14 de los 16 detenidos por el homicidio del joven de 18 años, quien murió el pasado 1º de enero tras recibir una golpiza y un cuchillazo.
Justamente mañana se cumple un mes del asesinato de Tomás y su familia convocó a una concentración a las 18:00 en Avenida 32 y Costanera, en Santa Teresita, en memoria de Tomás y para pedir Justicia.
“Vamos a realizar una marcha en memoria de Tomi. No queremos que sea un caso más. Ni que su asesinato quedé en el olvido...Queremos que esto no le vuelva a pasar a ningún chico... ¡Nunca más! Hoy me toca a mí pasar por este dolor y no quiero que le toque a nadie más... ¡Queremos que la pena sea una pena ejemplar y que no vuelva a pasar!”, señaló Samanta Ferreyra, la madre de Tomás, en sus redes sociales.
Gamaleri le pidió al Juzgado de Garantías que la medida cautelar se aplique a los 4 imputados como coautores, entre ellos Damián “Kope” Kopelian (27), presunto autor material de la puñalada mortal, y a 10 de los 12 acusados como “partícipes necesarios”, mientras que solicitó la excarcelación de los otros dos, según informó el portal Infobae.
“Existen elementos suficientes para sospechar que Kopelian, Federico Gonzalo Brandán (23), Roberto Nicolás de Jesús Ochoa (27) y Carlos Amestoy (29) han participado como coautores del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, redactó el fiscal en un documento de casi 280 páginas. En dicho contexto, el letrado consideró que la detención actual debería transformarse en prisión preventiva.
Según informó Télam mediante fuetes judiciales, el pedido alcanzó a su vez a Avedis Kopelian (57) -padre de “El Kope”-, Diego Roberto Cejas (30), Carlos Nahuel Flecha (28), Octavio Brian Cejas (23), Julián Agustín Cejas (24), Lucas Carrillo (18), Alexis González (18), Dylan Damián Morel (18), Dylan Agustín Chávez (18) e Iván Ezequiel Canaveri (25), tras asegurar que “han participado en la comisión” del crimen “en carácter de partícipes necesarios”.
El fiscal explicitó que la “medida resulta proporcionada con fundamento en la existencia de los riesgos procesales”, ya que se trata de un delito penado con prisión perpetua.
En ese sentido, hizo principal hincapié en varios puntos, tales como “las características del hecho atribuido”, “los vínculos habidos entre los imputados, sus condiciones personales y las circunstancias particulares de la presente investigación”, así como en “la fuga emprendida por la totalidad” de los acusados tras el crimen, “cuyo extremo ha de demostrar claramente la involuntariedad de someterse al proceso penal intentando eludir el accionar de la justicia”.
Asimismo, Gamaleri destacó “el ocultamiento de evidencias efectuado” por los imputados, y explicó que todavía quedan “medidas pendientes de producción, siendo que a la fecha no se ha hallado el arma blanca con la cual se pondría fin a la vida de la víctima, circunstancias éstas por las cuales de recuperar la libertad, se podría entorpecer aún más la investigación”.
En los casos de los restantes dos detenidos, Aram Kopelián (27), hermano del principal acusado, y Darío Espinosa (33), el fiscal solicitó al juez Diego Olivera Zapiola, titular del Juzgado de Garantías Nº 4, que disponga su libertad, aunque hizo hincapié en que la “imputación se ha de sostener, y que el presente no ha de implicar sobreseimiento alguno de los nombrados”. En la misma línea, explicó que “los elementos probatorios aunados en la presente en función” de esos dos imputados “no han de ser suficientes” para solicitar su prisión preventiva.
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