Gustavo Valente es odontólogo, tiene 59 años y desde hace 12 decidió vivir en Mar del Tuyú (Partido de La Costa). Días atrás publicó un posteo en sus redes sociales contando cómo, en una emergencia, había sido atendido en el Hospital de Mar de Ajó y expresaba su agradecimiento por ello. Sin embargo, pronto recibió una andanada de insultos y comentarios injuriosos que descolocaron el eje.
En diálogo con ENTRELINEAS.info, Valente indicó que “lo que quise rescatar es la cuestión de que nadie se salva solo, agradecer al servicio público porque realmente me salvaron la vida y destacar a un montón de gente que labura en el Estado en condiciones no siempre buenas”.
Gustavo confesó que se mostró sorprendido por las respuestas que recibió en las redes sociales. “Yo lo hice como una invitación a reflexionar pero parece que es tarde para eso, no hay manera porque la respuesta es siempre un insulto”, consideró.
Valente insistió en que la paradoja actual es que “es en las redes donde se está resolviendo la cuestión política, pero no se discuten ideas”. “Yo publiqué que tener una ambulancia con ruedas y gasoil es importante y me contestaron ‘polentero planero andá a dormir’”, dijo. “Trabajé 10 años en el sistema público y sé las carencias que tiene, pero eso no quita la importancia que debe tener para la ciudadanía”, agregó.
Valente sintetiza su historia: “Tuve una úlcera medicamentosa, se me perforó el estómago y me desmayé en la entrada del Hospital de Santa Teresita. Me subieron a una ambulancia, me llevaron a Mar de Ajó, me operaron y estuve 15 días ahí. Me atendieron como 20 personas que quizás cobran un sueldo de mierda, pero lo que no se puede negar es que todo eso tiene que existir. Es negar la existencia de algo común con el otro”.
“Cuando te contestan que a ese hospital hay que demolerlo porque lo hicieron los ‘kukas’ y les respondés, te insultan. Esa gente puede decir lo que quiera y no pasa nada”, se lamentó. Y concluyó resaltando qué fue “lo que me enojó del posteo: por un lado, recibir la solidaridad de un montón de gente conocida pero que nadie lo pueda tomar para reflexionar, lo tomaron como un acto de una militancia que no tengo”.
30 de abril. El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 136, en jurisdicción de Chascomús. El vehículo impactó contra el guard-rail y terminó debajo del puente. El conductor logró salir por sus propios medios.
30 de abril. Se actualizan los haberes con una suba del 3,4%, aunque la suma extra se mantiene sin aumentos desde marzo de 2024. Los días de cobro se corren por feriados y arrancan en la segunda semana de mayo.
30 de abril. El viernes pasado se encontró un mensaje dirigido a directivos junto a dos proyectiles dentro del establecimiento. Se dispuso la suspensión preventiva de la presencialidad mientras avanza la investigación. La comunidad educativa pidió condiciones para retomar las clases.
29 de abril. Serán distribuidas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para alcanzar una integración total entre los CAPS y el Hospital “San Roque”, y avanzar en la implementación de la historia clínica digital en todo el sistema de salud local.
29 de abril. Problemas de distribución, caída de ventas y el avance de lo digital dejaron a la ciudad sin oferta de revistas impresas. Kiosqueros advierten que la situación se repite en el interior y que el papel pasó de hábito cotidiano a consumo excepcional.
29 de abril. Sus dueños tomaron la decisión ante la imposibilidad judicial de avanzar con la construcción de un hotel. Cada uno de las residencias tendrá entre 2000 y 3000 metros cuadrados. La iniciativa también contempla rediseñar el campo de juego, que quedará reducido a la mitad (9 hoyos).
29 de abril. El expediente judicial contempla que el procedimiento se lleve a cabo el próximo 4 de mayo. Mientras tanto, se busca vender a algunos de los pingüinos que siguen en el oceanario, que quebró y cerró sus puertas en abril de 2025.
28 de abril. Tras más de 600 mensajes intimidatorios en establecimientos de la Provincia, el gobierno bonaerense presentó una denuncia para investigar una presunta estructura organizada detrás de los hechos. En paralelo, Santa Fe y Córdoba endurecen medidas: impulsan demandas civiles y multas a padres de menores responsables por los altos costos de los operativos de seguridad.