La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó el procesamiento de los implicados en la causa de encubrimiento de los “vuelos de la muerte” ocurridos durante la última dictadura cívico-militar que había dictado el juez federal de Dolores Martín Bava. También ordenó al magistrado justificar más exhaustivamente la decisión de no dictarles prisión preventiva a los procesados.
La Cámara sostiene la decisión de “revocar parcialmente la resolución apelada, en cuanto no dispuso la prisión preventiva de los imputados y fijó reglas de conducta, de acuerdo a lo dicho en el considerando 10º de la presente resolución; debiendo el juez a quo (N. de la R.: refiere al magistrado que ha emitido una sentencia frente a la cual se ha interpuesto un recurso o apelación) lo que corresponda en ese aspecto”.
En cuanto a la revisión de la decisión de no dictar prisión preventiva, la Cámara considera que en “la fundamentación de la sentencia que se apela no se advierte cuáles han sido las razones para que el juez a quo decida como finalmente lo hizo”, indicando que considere “a más de la cuestión penológica, y entre otras singularidades, los peligros procesales y el deber de cuidado que pesa sobre los magistrados en que los hechos delictivos logren investigarse mediante un proceso justo, para lograr determinar la verdad de los hechos e identificar y juzgar a quienes resulten responsables de su comisión”.
En esta causa están imputados el ex juez de Dolores, Carlos Facio; el médico de policía Manuel Cabral; el encargado del cementerio de General Lavalle, Juan Domingo Montenegro, y 7 ex policías que se desempeñaron en distintas localidades del Partido de La Costa: Mario Castronuovo y José Antonio Estrada (Santa Teresita), Ednio José Llorens, Alberto Martínez y Edgardo Emilio Luchetti (San Clemente), Francisco Aristegui (La Lucila) y Domingo Martínez (San Bernardo).
Se los acusa de encubrir la aparición de cadáveres, víctimas de los llamados "vuelos de la muerte", en las playas de los partidos de La Costa, Pinamar y Villa Gesell durante los años de la dictadura que se inició en 1976. Los cuerpos que fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle, que hoy es un espacio de memoria.
“Lo que aquí se investiga, cualquiera sea la nominación que se le asigne, no es otra cosa que el eslabón final del circuito represivo que culminaba muchas veces con la desaparición forzada de las víctimas del terrorismo de Estado”, dice la resolución de la Cámara.
“La particularidad que presenta el caso en estudio está dada porque -en la parte que ahora importa- muchas de las personas previamente detenidas ilegalmente eran subidas a aviones y desde altitudes eran arrojadas al mar, con el único propósito de hacerlas desaparecer”, continúa.
También relata “las maniobras de ocultamiento de aquellos cadáveres previamente tirados al mar y que, a la postre, se avistaron en las costas argentinas, producto de las corrientes marinas; afinadas -por cierto- mediante una simbólica investigación policial y judicial, con la consecuente inhumación de los cuerpos de manera absolutamente irregular, en fosas comunes”.
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