Laura Solari, la defensora oficial de Matías Farías, el principal acusado por el femicidio de Lucía Pérez, acusó al presidente Alberto Fernández de realizar una “abierta coacción” contra los jueces del caso y denunció una “alarmante intromisión del Poder Ejecutivo” en el segundo juicio que se lleva a cabo para esclarecer el asesinato de la joven marplatense.
El primer mandatario se reunió con la familia de Lucía Pérez la semana pasada, en Chapadmalal. Tras el encuentro, Fernández afirmó que “no se va a permitir la impunidad” y les dijo a Marta Montero y a Guillermo Pérez que “cuentan con la fuerza y la presencia del Poder Ejecutivo en este nuevo juicio”.
Solari apeló a estas y otras expresiones del presidente para presentar este viernes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata un pedido de nulidad del segundo debate, según informó el portal cooperativo Qué Digital.
Cuando realizó su alegato de cierre del juicio, la abogada defensora de Farías ya había cuestionado en duros términos la intervención del Poder Ejecutivo a lo largo del proceso. “La garantía de imparcialidad del juzgador se ha visto avasallada de manera burda”, dijo Solari y aseguró “que el Presidente de la Nación ha ejercido una abierta coacción sobre los magistrados a decidir en la presente causa”.
También sostuvo que, ante este escenario, “no cuentan a las claras Matías Farías ni Juan Pablo Offidani con la seguridad mínima de que se respete su derecho a un debido proceso” y así definió que la imparcialidad de los jueces “se encuentra institucionalmente afectada”.
El pedido presentado ante los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone puntualmente requiere que “se decrete la nulidad del debate celebrado”, del que se espera conocer la sentencia el próximo viernes 17 de marzo, y que, además, se “haga lugar a la recusación de los magistrados”.
“Es a todas luces ilusorio pensar que nuestros representados tengan la esperanza de confiar que –aún con las mejores intenciones- los magistrados se mantengan imparciales y dicten una sentencia acorde a derecho cuando ni más ni menos que el mayor representante del Estado argentino ha cometido una burda, flagrante y prohibida intromisión de poderes", planteó Solari.
De todas maneras, reparó en que ese “temor de parcialidad” en torno a los jueces “no debe ser interpretado como un ataque a la honestidad ni honorabilidad de los magistrados integrantes del Tribunal Oral Criminal N° 2 de Mar del Plata en el desarrollo de sus funciones, sino más bien como un remedio que se intenta para mantener a resguardo la garantía constitucional de ser juzgado por un juez absolutamente imparcial y, por ende, de gozar de un debido proceso adjetivo”.
Asimismo, la funcionaria judicial pide que se remitan actuaciones a la Justicia Federal “a fin de investigar la posible comisión de delitos de acción pública por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla”.
Para la defensa, las manifestaciones del presidente chocan con “límites expresos” que fija la Constitución Nacional. “‘En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas’ (artículo 109)”, citó en el escrito reproducido por Qué Digital.
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