La Municipalidad de Mar Chiquita, a través de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad repudió mediante un comunicado el permiso otorgado para vacacionar en el distrito a Guido Pascuccio, acusado formalmente del femicidio de Micaela Rascovsky, asesinada 13 de abril de 2021.
Micaela tenía 26 años, vivía en el barrio de Villa Ortúzar, en la Ciudad de Buenos Aires, y estudiaba Medicina. Fue asesinada un día después de contarles a sus familiares que sufría violencia por parte de su pareja.
"Hoy, el principal sospechoso -que fue excarcelado a pesar de todas las pruebas presentadas que dan cuenta la violencia de género ejercida y después de pagar una fianza de 3 millones de pesos-, espera el juicio en libertad y recibió un permiso para vacacionar en la localidad balnearia de Santa Clara del Mar desde el 8 de marzo hasta el 15 del corriente", informaron desde el área de género del distrito, a cargo de la Dra. Ruth Creig.
En el comunicado además se expresa: "Repudiamos y rechazamos enérgicamente el permiso otorgado por el Juzgado N°2 a cargo del Dr. Gorostiaga para que el femicida Guido Pascuccio transite sus vacaciones en nuestro distrito y exigimos que el caso se investigue como femicidio. Con él en libertad, y por estos días, con él en el Partido de Mar Chiquita, las mujeres están en riesgo. Justicia por Micaela Rascovsky".
Según la autopsia, la causa de muerte de Micaela fue por sobredosis. Sin embargo, las pericias también constatan que la joven estuvo atada y en su cuerpo había por lo menos marcas de 13 golpes. De acuerdo con las muestras de ADN tomadas, hay signos de que intentó defenderse de un ataque. La joven tenía ADN de dos masculinos, semen en su ropa interior y la boca lastimada. Su nariz, fosas nasales y esófago estaban libres de sustancias. Por eso, la familia afirma con seguridad que la obligaron a ingerir droga.
La investigación, en un primer momento, fue caratulada como “homicidio”. Tras una apelación hecha por el acusado, la Cámara de Casación cambió la carátula a “abandono de persona agravado por lesiones y por el vínculo''. Pascuccio estuvo detenido hasta el pasado 22 de diciembre, por lo que espera el juicio en libertad.
30 de abril. El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 136, en jurisdicción de Chascomús. El vehículo impactó contra el guard-rail y terminó debajo del puente. El conductor logró salir por sus propios medios.
30 de abril. Se actualizan los haberes con una suba del 3,4%, aunque la suma extra se mantiene sin aumentos desde marzo de 2024. Los días de cobro se corren por feriados y arrancan en la segunda semana de mayo.
30 de abril. El viernes pasado se encontró un mensaje dirigido a directivos junto a dos proyectiles dentro del establecimiento. Se dispuso la suspensión preventiva de la presencialidad mientras avanza la investigación. La comunidad educativa pidió condiciones para retomar las clases.
29 de abril. Serán distribuidas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para alcanzar una integración total entre los CAPS y el Hospital “San Roque”, y avanzar en la implementación de la historia clínica digital en todo el sistema de salud local.
29 de abril. Problemas de distribución, caída de ventas y el avance de lo digital dejaron a la ciudad sin oferta de revistas impresas. Kiosqueros advierten que la situación se repite en el interior y que el papel pasó de hábito cotidiano a consumo excepcional.
29 de abril. Sus dueños tomaron la decisión ante la imposibilidad judicial de avanzar con la construcción de un hotel. Cada uno de las residencias tendrá entre 2000 y 3000 metros cuadrados. La iniciativa también contempla rediseñar el campo de juego, que quedará reducido a la mitad (9 hoyos).
29 de abril. El expediente judicial contempla que el procedimiento se lleve a cabo el próximo 4 de mayo. Mientras tanto, se busca vender a algunos de los pingüinos que siguen en el oceanario, que quebró y cerró sus puertas en abril de 2025.
28 de abril. Tras más de 600 mensajes intimidatorios en establecimientos de la Provincia, el gobierno bonaerense presentó una denuncia para investigar una presunta estructura organizada detrás de los hechos. En paralelo, Santa Fe y Córdoba endurecen medidas: impulsan demandas civiles y multas a padres de menores responsables por los altos costos de los operativos de seguridad.