Dos semanas después de que se conociera el alcance del bono de fin de año que dispuso el Gobierno para el sector privado, el Ministerio de Trabajo informó este viernes el reintegro del 50% para quienes lo pagaron a empleadas domésticas.
Para poder tener ese beneficio, los empleadores no deben pagar impuesto a las ganancias.
Además, en el detalle de las condiciones que deben cumplir quienes quieran calificar para pedir el reintegro, la cartera laboral precisó que los empleadores no deben contar “en simultáneo con un empleo asalariado y una actividad económica encuadrada en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes en la categoría ‘c’ o superior o en el régimen de trabajo autónomo”, ni encontrarse “en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales”.
También se advierte que el patrimonio declarado según el impuesto a los Bienes Personales no debe ser superior a los $ 8.383.920 y no deben ser propietarios de “más de un bien inmueble, de un automotor con antigüedad menor a un año, o de más de un automotor, o de una embarcación o aeronave”.
Según se informó, la inscripción para solicitar el reintegro será entre el 16 y el 23 de enero a través de la opción “Solicitud de reintegro – Decreto 841/22” en el portal de casas particulares del sitio web de la AFIP.
El alcance del bono
El bono que dispuso el Gobierno alcanza todos los trabajadores del sector privado con salarios netos (es decir después de los descuentos) de hasta $185.000 al mes de diciembre, incluyendo en ese monto final el valor del bono otorgado.
Los monotributistas y los trabajadores de la economía informal no están incluidos en la medida que el Gobierno reglamentó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
“Este bono no incluye el autoempleo. La informalidad tampoco está incluida, es para los trabajadores que figuran registrados en relación de dependencia”, había señalado días atrás la ministra de Trabajo, Kelly Olmos.
Además, la funcionaria había explicado que optaron por un bono y no por una suma fija porque esta última “queda con carácter permanente”, lo que desde el Ejecutivo consideraron que es “disruptivo para la negociación paritaria”.
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