Un colegio privado de la ciudad de Oberá deberá pagarle casi un millón de pesos a un docente que fue despedido hace seis años por su orientación sexual. Julián Björklund (38) adelantó que el dinero será destinado a una ONG que trabaja por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Misiones.
En 2016, Björklund sentía que la vida le sonreía. Trabajaba con profesor en dos colegios de su ciudad natal y había decidido que era el momento de casarse con su pareja, Alejandro Cabrera.
Pero en octubre, cuando comunicó a una de las instituciones que no iba a sumarse al campamento que anualmente realizaban los alumnos porque coincidía con su boda, la respuesta no fue la esperada por el docente.
“Cuando le avisé al rector, se mostró sorprendido. Me dijo que creía que iba a pesar mi buen desempeño como docente, y después me contactó el representante legal, un pastor, que me comunicó la desvinculación inmediata”, recordó Julián.
Björklund es profesor de física y química, pero también es licenciado en criminalística. Actualmente se desempeña como rector de otro colegio de Oberá. Además, fue candidato a intendente de Oberá, donde tiene un emprendimiento comercial.
Lo insólito del caso es que, al momento de la desvinculación, el representante legal del Instituto Privado Emanuel firmó un documento en el que se fijó el monto y modo de pago de la indemnización, pero allí también se asentó que Julián fue separado de su cargo “por el hecho de que la sexualidad del profesor no coincide con el ideario de institución”, y que la decisión se tomó para evitar “conflictos”.
Desde el colegio advirtieron después que haber explicitado el motivo del despido les podría generar un problema legal y convocaron nuevamente a Björklund.
Fue entonces que le ofrecieron adelantarle el pago de las cuotas de la indemnización a cambio de hacer una modificación en el documento. El profesor no aceptó y acudió al INADI por considerar que fue discriminado por su orientación sexual.
Apenas conocieron la noticia del casamiento del docente, el pastor que oficiaba de representante legal le cuestionó por no haber recurrido antes a la institución e incluso llegó a manifestarle que conocía personas que podrían haberlo ayudado a tratar su "problema", en referencia a su homosexualidad.
Después de seis años, la Justicia estableció que el despido de Julián fue una acción discriminatoria que debía ser reparada. Es por eso que fijó en 992.074 pesos el monto resarcitorio por daño moral.
“El hecho de que la Justicia reconozca marca un camino porque no puede ser que tu vida personal se sobreponga a lo laboral, que se exponga eso y encima te despidan, es irrespetuoso y doloroso. A su vez, esto le da un marco de seguridad a quien pase por eso”, dijo el docente al diario Primera Edición de Posadas.
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