Diputados comienza tratar hoy la situación de Amalia Granata

Desde Santa Fe

La Cámara de Diputados comenzará a tratar hoy la situación de la diputada antiderechos Amalia Granata ante dos iniciativas del Frente de Todos para expulsarla de su banca por su “discurso antidemocrático y de odio” que vulnera “los principios elementales del estado de derecho”.

Un ámbito del debate será la comisión de Labor Parlamentaria, donde se analizará un pedido al presidente de la Cámara Pablo Farías para que convoque a una “sesión especial” que considere la “exclusión” de Granata “conforme al régimen disciplinario de la Constitución de Santa Fe”. Y el otro, el propio recinto, cuando se lea –entre los asuntos entrados- un proyecto de resolución de la diputada peronista Paola Bravo que propone lo mismo: remover a la legisladora de la banca por “su evidente desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones”.

Si Farías no convoca a la “sesión extraordinaria” que reclamó el interbloque del FdT, Bravo solicitará que su proyecto se trate sobre tablas y si esto tampoco prospera, le quedará la posibilidad de denunciar los hechos en el turno de las manifestaciones. “La facultad disciplinaria de la Cámara debe aplicarse a Granata”, una provocadora serial que “colabora en el odio a las instituciones” y dice que “un hecho gravísimo” como el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es “una puesta en escena para victimizarla”, dijo Bravo.

El “desorden de conducta” de Granata quedó a la vista desde el atentado a CFK:

*1 de setiembre. La misma noche que un tirador le gatillara a la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Argentina a centímetros de su rostro, Granata negó y banalizó la tentativa de magnicidio. Es un “armado”, una “pantomima”, lo calificó, y horas después hasta lo llamó “circo”.

*2 de setiembre. Se negó a firmar el documento de la Cámara de Diputados que repudió el atentado, pidió su inmediato “esclarecimiento” y ratificó la obligación constitucional del cuerpo de “defender la democracia”. Tampoco lo firmó su ex seguidor, Nicolás Mayoraz, presidente del bloque Vida y Familia que integran otros dos diputados antiderechos: Natalia Armas Belavi y Juan Argarañaz.

*3 de setiembre. Insultó a legisladores socialistas, radicales y del PRO que repudiaron el ataque a CFK. “Son todos tibios, no tienen huevos”.

*4 de setiembre. Amenazó a los diputados y diputadas que voten su expulsión de la Cámara. “No me busquen, porque voy a empezar a hablar de todos sus chanchurrios. Voy a empezar a hablar de sus amantes. Miren que conozco todo lo que pasa” en la Legislatura. “Sé todo en lo que andan. Y voy a meterme no sólo con sus amantes, también con sus familias, madres, hijos, con todos... No se olviden que además de política soy periodista e investigo”.

*5 de setiembre. Publicó la foto de un militante peronista a quién señaló como el “sicario” de CFK, pero después borró el tuit. El agredido, Ignacio Barbieri, denunció que después de ese hecho recibió cientos de “insultos” y “amenazas”. Granata tendrá que responder ante la justicia, en el fuero penal y civil, porque su actitud no fue casual, sino para “generar odio”, dijo Barbieri. “Queremos que ella deje de mentir, que le duela en el bolsillo y tenga que rectificarse públicamente”.

En el pedido de sesión especial que impulsaron el presidente del bloque peronista Leandro Busatto y sus colegas del Frente de Todos explicaron por qué Granata debe ser expulsada de la Cámara. Sus “manifestaciones cargadas de odio” vulneran el estado de derecho y “se contraponen con los valores democráticos que como legisladores debemos respetar y defender en forma irrestricta”. “Defender a la democracia no es solo una manifestación voluntariosa, sino un compromiso que debemos asumir en este momento, condenado este intento de magnicidio”.

Bravo coincidió que Granata “violenta la democracia que la llevó a ocupar su actual banca”. “Las diputadas y diputados provinciales deben manejarse en el desempeño de sus funciones con el debido respeto y decoro, salvaguardando la principal herramienta política en un estado de derecho que es la democracia”, dijo la legisladora peronista.

“La transmisión del discurso de odio, la falta de mesura y prudencia, no merece menos que debatir su destitución del cuerpo legislativo porque entendemos que personas así no pueden representar” a la ciudadanía. “Granata colabora con la construcción del odio a las instituciones” al banalizar “un hecho tan grave como el atentado contra la vicepresidenta”, que considera “una puesta en escena para victimizarla”.

“La seriedad del caso y la coyuntura política no puede permitirse absorber comentarios repulsivos que aviven una crisis de magnitud, como las que ya vivió la Argentina en los años donde la muerte y la masacre de las personas se vio atada a este odio vigoroso contra las instituciones”, concluyó Bravo.