18/07/2022 | Noticias | Sociedad

A 28 años del atentado a la AMIA

En este marco, la Justicia ordenó garantizar a los familiares de las víctimas el acceso a información desclasificada sobre el ataque sucedido en 1994.


Hoy se cumple un nuevo aniversario del atentado que dejó 85 víctimas fatales y sucedió en la mutual judía en 1994. La investigación todavía no encuentra culpables.

En este marco, el juez federal Daniel Rafecas, quien tomó el caso como subrogante desde octubre pasado, renovó por cinco años el pedido a Interpol de publicación de las circulares rojas de captura internacional para los ciudadanos iraníes.

Por otro lado, Rafecas convocó a una reunión a las distintas partes de la causa y ordenó garantizar a las querellas de familiares el acceso a la documentación que se desclasificó sobre la investigación y que es digitalizada en la actualidad por la Unidad Fiscal a cargo de la pesquisa.

“Es una obligación del Estado asegurar a las querellas el ejercicio de sus garantías constitucionales” en pos del “derecho a la verdad”, consignó en esa resolución sobre los archivos que se guardan en la sede del Palacio Barolo bajo la órbita de la Unidad Fiscal AMIA.

Según la determinación, “teniendo en cuenta que el volumen, la magnitud y la complejidad de la prueba disponible ponen en crisis la normativa procesal aplicable para los casos estandarizados”, el magistrado consideró imperioso poder brindar la información a las familias de las víctimas.

Los familiares deberán tener acceso a un análisis de la relevancia de lo encontrado para las hipótesis de la investigación y además se pidió que se suministren para ello recursos humanos, tecnológicos y materiales.

La causa

Daniel Rafecas es el juez que se encuentra a cargo de la causa desde octubre de 2021; sin embargo, el caso cambió ya dos veces de magistrado en los últimos dos años, tras la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral.

La investigación está delegada en la Unidad Fiscal AMIA a cargo del fiscal federal Sebastián Basso. El fiscal tiene bajo su órbita el análisis de la información de inteligencia relevada del secreto en sucesivos decretos presidenciales desde 2005, a raíz de las denuncias por irregularidades y delitos cometidos en la investigación.

De hecho, la Corte Suprema de Justicia dejó firme este mes una condena a cuatro años de cárcel a uno de los primeros policías federales (el excomisario Carlos Castañeda) que intervino en la pesquisa bajo las órdenes del destituido ex juez federal Juan José Galeano, Castañeda fue juzgado y condenado a cuatro años de prisión por la desaparición de 55 casetes con escuchas telefónicas registradas apenas ocurrido el ataque terrorista en Pasteur 633 y por el borrado de agendas del último poseedor de la camioneta Trafic que se usó como coche bomba, Carlos Telleldín.

Fuentes de la fiscalía remarcaron que toda la documentación se encontró en el edificio Barolo, del centro porteño, donde funcionó una base de la ex-SIDE y actual Agencia Federal de Inteligencia, centralizándose allí lo que se obtenía en la investigación de la causa AMIA.

En un informe elaborado por la UFI AMIA se sostuvo que “la cantidad aproximada de documentación en poder de la Agencia de Inteligencia y sujeta a este proceso es de 1.893 metros lineales”. Todo estaba distribuido en “distintos depósitos y oficinas, en malas condiciones de conservación y sin criterios de organización archivística, ni instrumentos de control (inventario, catálogo, etc.)”.

Personal de la fiscalía trabaja en la “recuperación, digitalización, sistematización y análisis de los documentos desclasificados” y en su digitalización, además de buscar la “adecuada custodia y guarda”.

En cuanto a las circulares rojas tienen como fin lograr la captura internacional de los ciudadanos iraníes Moshen Rezai, Ahmad Vahidi, Alí Fallahijan, Ahmad Reza Asghari y Moshen Rabbani para ser indagados por la Justicia argentina en relación a las acusaciones vinculadas al ataque terrorista.

Todos tienen orden de captura internacional desde el 9 de noviembre de 2006, dispuesta por Canicoba Corral, quien además ese día declaró al atentado un delito de lesa humanidad imprescriptible.

Hoy, el acto central

Amos Linetzky, presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), convocó a “seguir la tradición de hacer oír juntos nuestra voz” y “exigir justicia y castigo a los culpables y responsables del atentado”.

Hoy la AMIA volverá a su tradicional acto en el barrio de Once, precisamente a la sede de Pasteur 633.

Linetzky será uno de los oradores principales, junto a un sobreviviente y tres familiares de las víctimas fatales del ataque. En el acto habrá además habrá un momento artístico a cargo de Jairo y su hijo Yaco.

Como sucede en cada acto, a las 9.53, hora exacta en que el coche bomba explotó contra la sede de la AMIA, se escuchará el sonido de la sirena y luego se leerán los 85 nombres de las personas que fueron asesinadas, mientras sus familiares encienden velas en su memoria.

“A 28 años del peor ataque terrorista que sufrió el país, volveremos a estar presentes frente al lugar que se intentó destruir, para manifestarnos a favor de la paz, la justicia y la defensa de la vida”, dijo Linetzky.


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