Una niña de 12 años que estaba embarazada producto de una violación pudo acceder al aborto legal que a principios de mes el hospital potosino Daniel Bracamonte había obstaculizado. La Interrupción Legal del Embarazo (ILE) pudo darse gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo y de la Defensoría de la niñez de Potosí.
La nena estuvo internada en el hospital potosino Daniel Bracamonte durante el 7 y 8 de diciembre, pero los médicos de ese centro de salud alegaron una “objeción de conciencia” para no practicarle el aborto. Por otro lado, también hubo un “abordaje psicológico irregular” y fuera del procedimiento que dispone la ILE, de acuerdo a la delegada Defensorial de Potosí, Vilma Martínez.
Al conocer que la solicitud de ILE fue negada, la entidad pidió colaboración a la Defensoría de la Niñez de Potosí para un abordaje psicológico con profesionales del área.
Finalmente el 24 de diciembre se procedió con la ILE y la niña ya está recuperándose favorablemente, en tanto que se inició una investigación a los profesionales de la salud que participaron en el caso médico por “vulnerar el derecho de una niña”, señaló la Defensoría.
También se investiga a los funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la localidad potosina de Ckochas por “permitir que un médico realice el abordaje psicológico a los padres de la víctima” y al Centro de Acogida 10 de Noviembre por incumplir lo que dispone la ILE.
Además se verificarán las acciones del Ministerio Público para identificar al sujeto que abusó de la menor y otras personas que pudieran estar involucradas en este suceso por el que hasta el momento no hay personas detenidas.
La Defensoría recordó que existe una sentencia constitucional de 2014 que permite la interrupción legal de un embarazo en caso de violación, incesto o estupro, “cuando el producto del embrazo no tenga posibilidad de vida y cuando la vida de la madre esté en riesgo”.
El citado fallo permite interrumpir la gestación en estos casos sin contar con una orden judicial, como se exigía antes.
En octubre pasado se conoció un caso similar en la región oriental de Santa Cruz, donde una niña de 11 años embarazada por las constantes violaciones de su abuelastro fue sometida a una interrupción de la gestación.
Este caso tomó especial relevancia cuando grupos religiosos contactaron a la madre de la menor, la convencieron de que continúe la gestación y la llevaron a un centro de acogida para ello, pero finalmente las autoridades y la Defensoría del Pueblo intervinieron y el embarazo fue interrumpido.
A raíz de estos casos, organizaciones feministas reclaman que Bolivia tenga una ley sobre derechos sexuales y reproductivos para garantizar la salud y la vida de niñas y mujeres
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