El juicio por jurados desarrollado en el marco de la causa que investigó el abuso sexual en perjuicio de una menor de edad en Miramar y que había terminado con tres jóvenes absueltos, fue declarado nulo por la Cámara de Casación Penal.
Tomás Jaime, Lucas Pitman y Juan Cruz Villalba deberán someterse a un nuevo juicio debido a que los jueces entendieron que cuando la víctima declaró en el debate no contó con la intervención de la Asesora de Incapaces, según informó La Capital.
“La negada intervención de la Asesora de Incapaces, entonces, quien fue relegada de su rol de representantes de los derechos de la menor víctima a la de una mera espectadora del juicio en la que la joven fue interrogada sin asistencia alguna, supone una violación del debido proceso que conduce necesariamente a la nulidad del juicio de conformidad con lo establecido”, argumentaron los magistrados.
Los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Violini, de la Sala III, resolvieron que la causa debe remitirse al Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de primera instancia y que tiene que elegirse un nuevo jurado para repetir todo el debate nuevamente con fecha a establecer.
Vale recordar que el 17 de septiembre último un jurado popular de 12 personas encontró no culpable a los 3 jóvenes, a los que se los acusaba de haber abusado sexualmente de una menor en la celebración de Año Nuevo de 2019 en el camping miramarense de El Durazno.
Por haberse tratado de un juicio por jurados no se conocieron los argumentos pero sí que no se alcanzaron los votos afirmativos necesarios para dictar sentencia.
La queja principal interpuesta tras el fallo por el abogado Maximiliano Orsini, en representación de la familia de la menor, giró en torno a la negativa del juez Fabián Riquert en permitir una intervención activa de la Asesora de Incapaces.
De acuerdo a lo que dice la norma, cuando la víctima es menor de edad debe contar con la asistencia de una Asesora para impedir que las preguntas hechas por las partes puedan afectarla. Durante el debate la Asesora estuvo junto a la menor pero solo en carácter de “observadora”.
Ahora el Tribunal deberá disponer de los recursos y cronograma para iniciar todo el nuevo proceso de elección de jurados, programar el debate y comunicar a las partes.
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