Inspectores de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el ministerio de Trabajo bonaerense rescataron a 25 víctimas del trabajo ilegal en operativos conjuntos llevados a cabo en cinco campos de las localidades bonaerenses de General Belgrano y Pila.
En los procedimientos realizados en zonas rurales se pudo confirmar que los trabajadores realizaban jornadas de trabajo de más de 12 horas, vivían en el campo en condiciones precarias, carecían de baño y realizaban sus tareas sin vestimenta básica y adecuada; por ese motivo, se activó el protocolo por casos de trata de personas implementado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la denuncia a la línea 145.
Los 25 trabajadores rescatados son de Santiago del Estero y habían sido trasladados hasta campos en la provincia de Buenos Aires para realizar tareas de riego en las plantaciones de papa, sin saber las condiciones laborales con las que se enfrentarían; muchos de ellos desconocían cuánto dinero iban recibir por la prestación de sus servicios ya que se les descontaban toda mercadería que consumían.
Debido a las extensas jornadas de trabajo de lunes a lunes, el desconocimiento de la localidad en donde estaban y la falta de medios de transporte, los trabajadores se encontraban sin la posibilidad de abandonar el predio.
Al detectar estas prácticas compatibles con la explotación laboral, se realizaron dos denuncias ante la línea 145, quienes dieron intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a la Fiscalía Federal de Dolores, al Juzgado Federal de Dolores, Policía Federal y a Gendarmería Nacional.
De los allanamientos participó personal del Programa Nacional de Rescate, Policía Federal, Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y AFIP.
La AFIP habilitó la línea directa 0800-999-DENU (3368) de denuncias sobre trabajo ilegal que ya recibió más de 300 llamados en las primeras semanas de vigencia de este canal.
30 de abril. El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 136, en jurisdicción de Chascomús. El vehículo impactó contra el guard-rail y terminó debajo del puente. El conductor logró salir por sus propios medios.
30 de abril. Se actualizan los haberes con una suba del 3,4%, aunque la suma extra se mantiene sin aumentos desde marzo de 2024. Los días de cobro se corren por feriados y arrancan en la segunda semana de mayo.
30 de abril. El viernes pasado se encontró un mensaje dirigido a directivos junto a dos proyectiles dentro del establecimiento. Se dispuso la suspensión preventiva de la presencialidad mientras avanza la investigación. La comunidad educativa pidió condiciones para retomar las clases.
29 de abril. Serán distribuidas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para alcanzar una integración total entre los CAPS y el Hospital “San Roque”, y avanzar en la implementación de la historia clínica digital en todo el sistema de salud local.
29 de abril. Problemas de distribución, caída de ventas y el avance de lo digital dejaron a la ciudad sin oferta de revistas impresas. Kiosqueros advierten que la situación se repite en el interior y que el papel pasó de hábito cotidiano a consumo excepcional.
29 de abril. Sus dueños tomaron la decisión ante la imposibilidad judicial de avanzar con la construcción de un hotel. Cada uno de las residencias tendrá entre 2000 y 3000 metros cuadrados. La iniciativa también contempla rediseñar el campo de juego, que quedará reducido a la mitad (9 hoyos).
29 de abril. El expediente judicial contempla que el procedimiento se lleve a cabo el próximo 4 de mayo. Mientras tanto, se busca vender a algunos de los pingüinos que siguen en el oceanario, que quebró y cerró sus puertas en abril de 2025.
28 de abril. Tras más de 600 mensajes intimidatorios en establecimientos de la Provincia, el gobierno bonaerense presentó una denuncia para investigar una presunta estructura organizada detrás de los hechos. En paralelo, Santa Fe y Córdoba endurecen medidas: impulsan demandas civiles y multas a padres de menores responsables por los altos costos de los operativos de seguridad.