La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de Darío Jerez, desaparecido hace 20 años, para que el órgano internacional califique el hecho como un caso de desaparición forzada y exija al Estado argentino una investigación para esclarecer el hecho, precisó el organismo provincial.
Jerez fue visto por última vez el 25 de octubre de 2001 en Santa Teresita. Y a 20 años la investigación principal "no tiene avances significativos y la causa conexa por encubrimiento por negligencia de los operadores judiciales, terminó con la absolución de los imputados por prescripción de la acción penal", afirmó.
En la presentación realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CPM señaló que el Estado argentino incumplió con su deber de investigar e incurrió en un retardo injustificado en el trámite de la causa.
"La demora en el proceso es exclusivamente imputable a la conducta abiertamente negligente de las autoridades estatales al no haber caracterizado los hechos en el marco de una Desaparición Forzada", precisó el comunicado de la CPM.
Jerez tenía 40 años cuando salió de su casa en Santa Teresita para iniciar su jornada laboral; alrededor del mediodía, luego de visitar a un cliente, testigos lo vieron en la calle con un directivo de la empresa en la que trabajaba, Alejandro Muñoz. Esa fue la última vez que lo vieron con vida: su auto quedó estacionado con las ventanillas abiertas y con los objetos personales en su interior.
Muñoz negó ese encuentro y fue imputado de encubrir su desaparición. Carlos Subirol, otro empleado de la empresa, que retiró el auto del lugar, alterando la escena, también quedó imputado.
A lo largo de toda la investigación se pudo dilucidar un supuesto vínculo entre la empresa financiera en la que trabajaba Jerez con funcionarios del Estado y cómo estos intentaron utilizar su posición para desviar el curso de la investigación.
Tras 7 años de instrucción, la causa por encubrimiento fue elevada a juicio con 5 imputados: los 3 funcionarios públicos y los 2 trabajadores de la empresa vinculados con estos hechos.
Los imputados fueron absueltos pero la Cámara de Casación Penal anuló la sentencia y reenvió la causa a primera instancia para que se realice un nuevo juicio. El organismo revisor tenía la posibilidad de dictar un veredicto de culpabilidad que no utilizó y tampoco se expidió sobre la naturaleza de desaparición forzada de los hechos considerados como probados.
La dilación de los recursos y las subsiguientes apelaciones llevaron a que la causa fuera remitida recién en 2017 y al no estar caratulada como desaparición forzada el tribunal de primera instancia declaró la prescripción de la acción penal que Casación confirmó el 16 de mayo de 2019.
"A 20 años de la desaparición, la CPM acompaña a la familia y espera un pronunciamiento de la CIDH que permita sacar la causa del ostracismo, se declare como un caso de desaparición forzada y el Estado argentino reasuma su responsabilidad de garantizar una debida investigación acorde a la gravedad institucional", expresó la entidad.
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