Propietarios de las parrillas ubicadas en la ruta 63 se manifestaron en contra de la construcción de un puente sobre las vías del tren, por cuanto impediría la entrada a sus comercios de los viajeros que circulan hacia la costa atlántica.
En la tarde de hoy hubo reuniones en las que se discutió intensamente y algunos de los parrilleros cortaron la ruta de la mano hacia Buenos Aires por unos minutos y luego se retiraron dejando pasar el tránsito que a esa hora se registraba en el lugar.
Todos los gastronómicos del sector consideran que la elevación de la ruta afectará seriamente sus comercios, al impedir que los turistas que se desplazan por el corredor atlántico puedan detenerse y consumir en el lugar que es uno de los más tradicionales de todo el circuito.
Por su parte, Víctor Casanovas, candidato a concejal por el Frente de Todos y uno de los políticos locales que el jueves encaró la presentación del proyecto manifestó en sus redes sociales que “no habrá inicio de obra alguna hasta que los comerciantes no sean escuchados”.
Casanovas argumentó sobre “la necesidad de una obra de
infraestructura que conecte a los vecinos de los barrios El Cruce y Peñoñori y brinde seguridad a los turistas”, aunque indicó que “como hay sincera intranquilidad esa obra se pospondrá el tiempo que sea necesario para la escucha de todos”.
Además indicó que “voy a firmar un acta de compromiso con los comerciantes que tienen sus emprendimientos donde dejaré en claro que tomaré las acciones y gestiones necesarias para que no se pierda ni un solo puesto de trabajo y los vecinos puedan cruzar de manera segura”.
El jueves, el titular de Trenes Argentinos y el de AUBASA firmaron en esta ciudad un convenio para eliminar el paso ferroviario que se encuentra sobre la ruta 63, a 700 metros de su cruce con la ruta 2. En ese sector se concentra un importante sector gastronómico que constituye uno de los más famosos de todo el camino hacia la costa.
La medida fue fuertemente rechazada por los propietarios de parrillas y restaurantes, así como los de puestos de venta de diferentes productos que están instalados a la vera de una de las rutas más transitadas del país.
30 de abril. El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 136, en jurisdicción de Chascomús. El vehículo impactó contra el guard-rail y terminó debajo del puente. El conductor logró salir por sus propios medios.
30 de abril. Se actualizan los haberes con una suba del 3,4%, aunque la suma extra se mantiene sin aumentos desde marzo de 2024. Los días de cobro se corren por feriados y arrancan en la segunda semana de mayo.
30 de abril. El viernes pasado se encontró un mensaje dirigido a directivos junto a dos proyectiles dentro del establecimiento. Se dispuso la suspensión preventiva de la presencialidad mientras avanza la investigación. La comunidad educativa pidió condiciones para retomar las clases.
29 de abril. Serán distribuidas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para alcanzar una integración total entre los CAPS y el Hospital “San Roque”, y avanzar en la implementación de la historia clínica digital en todo el sistema de salud local.
29 de abril. Problemas de distribución, caída de ventas y el avance de lo digital dejaron a la ciudad sin oferta de revistas impresas. Kiosqueros advierten que la situación se repite en el interior y que el papel pasó de hábito cotidiano a consumo excepcional.
29 de abril. Sus dueños tomaron la decisión ante la imposibilidad judicial de avanzar con la construcción de un hotel. Cada uno de las residencias tendrá entre 2000 y 3000 metros cuadrados. La iniciativa también contempla rediseñar el campo de juego, que quedará reducido a la mitad (9 hoyos).
29 de abril. El expediente judicial contempla que el procedimiento se lleve a cabo el próximo 4 de mayo. Mientras tanto, se busca vender a algunos de los pingüinos que siguen en el oceanario, que quebró y cerró sus puertas en abril de 2025.
28 de abril. Tras más de 600 mensajes intimidatorios en establecimientos de la Provincia, el gobierno bonaerense presentó una denuncia para investigar una presunta estructura organizada detrás de los hechos. En paralelo, Santa Fe y Córdoba endurecen medidas: impulsan demandas civiles y multas a padres de menores responsables por los altos costos de los operativos de seguridad.