Aguas Bonaerenses SA, la empresa prestadora del servicio de agua potable de Dolores, presentó un plan de obras por 400 millones de pesos para mejorar las prestaciones en la ciudad. La presentación fue hecha a partir de un amparo colectivo que intimó a ABSA a realizar las obras necesarias para que el suministro de agua en la ciudad sea el adecuado.
El plan contempla la construcción de nuevos pozos de agua, recambio de cañerías, mejoras en la gestión por adquisición de equipamiento nuevo y recambio de micromedidores, entre otras medidas.
De todos modos, la respuesta de la empresa fue objetada por los impulsores del amparo, ya que no se adecua a los lineamientos que se impusieron en la sentencia dictada por la jueza Daniela Galdos. Además, señalaron que no contempla el desarrollo de la ciudad ni el impacto del parque termal. Por otra parte, consideraron que su presentación tiene deficiencias técnicas y rechazaron el largo plazo para llevar a cabo las obras, que podrían llegar a ser 25 años o más.
A partir de la histórica deficiencia del servicio de agua potable en la ciudad, el abogado Germán Pereyra y un grupo de vecinos iniciaron una presentación contra ABSA con la característica de un amparo colectivo. La jueza en lo Civil y Comercial Daniela Galdos ordenó a la empresa presentar un plan de obras que solucionara la cuestión, a lo que la empresa respondió con el documento que acaba de presentarse.
Sin embargo, a partir de las objeciones realizadas se deberán expedir tanto ABSA como la provincia de Buenos Aires y luego resolverá la jueza, quien tendrá que dictaminar si el plan es adecuado o no.
El sistema de abastecimiento de agua a Dolores se efectúa a través del acueducto que parte de Ayacucho y abastece, además, a Maipú, Labardén y General Guido. Durante años se complementó este abastecimiento con la explotación de pozos ubicados en la ciudad de Dolores y desde hace unos años con la extracción y potabilización del Canal 9, pero aun así no se ha logrado, especialmente en verano, satisfacer la demanda de la ciudad.
30 de abril. El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 136, en jurisdicción de Chascomús. El vehículo impactó contra el guard-rail y terminó debajo del puente. El conductor logró salir por sus propios medios.
30 de abril. Se actualizan los haberes con una suba del 3,4%, aunque la suma extra se mantiene sin aumentos desde marzo de 2024. Los días de cobro se corren por feriados y arrancan en la segunda semana de mayo.
30 de abril. El viernes pasado se encontró un mensaje dirigido a directivos junto a dos proyectiles dentro del establecimiento. Se dispuso la suspensión preventiva de la presencialidad mientras avanza la investigación. La comunidad educativa pidió condiciones para retomar las clases.
29 de abril. Serán distribuidas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para alcanzar una integración total entre los CAPS y el Hospital “San Roque”, y avanzar en la implementación de la historia clínica digital en todo el sistema de salud local.
29 de abril. Problemas de distribución, caída de ventas y el avance de lo digital dejaron a la ciudad sin oferta de revistas impresas. Kiosqueros advierten que la situación se repite en el interior y que el papel pasó de hábito cotidiano a consumo excepcional.
29 de abril. Sus dueños tomaron la decisión ante la imposibilidad judicial de avanzar con la construcción de un hotel. Cada uno de las residencias tendrá entre 2000 y 3000 metros cuadrados. La iniciativa también contempla rediseñar el campo de juego, que quedará reducido a la mitad (9 hoyos).
29 de abril. El expediente judicial contempla que el procedimiento se lleve a cabo el próximo 4 de mayo. Mientras tanto, se busca vender a algunos de los pingüinos que siguen en el oceanario, que quebró y cerró sus puertas en abril de 2025.
28 de abril. Tras más de 600 mensajes intimidatorios en establecimientos de la Provincia, el gobierno bonaerense presentó una denuncia para investigar una presunta estructura organizada detrás de los hechos. En paralelo, Santa Fe y Córdoba endurecen medidas: impulsan demandas civiles y multas a padres de menores responsables por los altos costos de los operativos de seguridad.