El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó a los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, como presuntos coautores de "acciones de inteligencia prohibidas" y "abuso de autoridad" por espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires.
En el fallo de 979 carillas, al que tuvo acceso la Agencia Télam, el magistrado concluyó que "existía una directiva de carácter general" que ordenaba a los agentes de la AFI "realizar inteligencia ilegal emanada de la máxima autoridad del organismo".
Además, para el juez hubo "órdenes concretas para investigar ilegalmente a las agrupaciones, movimientos y actividades contrarias a los intereses políticos o electorales de la entonces gestión de gobierno, que fijaba los parámetros específicos de producción de información que era de interés recopilar".
La decisión se tomó en la llamada causa "AMBA" e incluyó embargos de 20 millones de pesos para los dos ex funcionarios, quienes ya habían sido procesados por otros hechos de inteligencia ilegal el 5 de agosto último, en la causa que investiga el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge.
En la misma resolución Ramos Padilla procesó a otros 9 ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia. El juez consideró que todos los procesados son coautores de los delitos "en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias".
Esta parte de la causa investiga el espionaje ilegal desde bases de la AFI emplazadas en la Provincia. Contraviniendo la Ley Nacional de Inteligencia Nº 25.520 y la Constitución Nacional, “en las delegaciones AMBA recopilaron, produjeron, analizaron y distribuyeron información de tipo político vinculada a las elecciones de medio término que se desarrollaban en la provincia de Buenos Aires”, según consignó Ramos Padilla cuando ordenó la declaración indagatoria de Arribas y Majdalani.
Así se espió a partidos políticos, organizaciones sociales e incluso, comedores y merenderos comunitarios. El grado de intensidad de este espionaje está puesto en que se consignaron en fichas –al mejor estilo de la inteligencia ilegal que la DIPPBA desarrolló en época de la dictadura y posteriormente, hasta su disolución en 1997– con los nombres de dirigentes, simpatizantes y participantes en actos, de sus familiares y sus lugares de trabajo.
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