La resolución 447/2020 de la Secretaria de Comercio de la Nación -publicada el 21 de octubre en el Boletín Oficial de la Nación- prorroga hasta el 15 de diciembre de 2020 inclusive el plazo otorgado para que los colegios sin subvención del Estado presenten el contrato de enseñanza que regirá el ciclo lectivo 2021. Entre la documentación a presentar se destaca la declaración jurada de la conformidad de la mayoría de los padres, madres o responsables legales de las y los estudiantes de cada establecimiento respecto de los valores de las cuotas previstos para el año próximo.
“La resolución no hace más que confirmar que si el costo de los aranceles educativos correspondientes al próximo año no cuenta con la aprobación explícita de los padres, los mismos no podrán ser aplicados”, indicó Walter Martorello, Defensor del Pueblo Adjunto General de la Provincia de Buenos Aires y responsable del Observatorio de Niñez y Adolescencia de la Defensoría.
Es esta la razón por la cual se ha buscado prolongar el plazo, a fin de que las instituciones educativas cuenten con el tiempo necesario para lograr el cumplimiento de sus obligaciones. En caso de incumplimiento, los padres pueden realizar las denuncias correspondientes ante la Secretaría de Comercio Interior, ente gubernamental que tiene facultades para aplicar las sanciones correspondientes si existen abusos con los aumentos en las cuotas y matrículas.
En los considerandos de la resolución se destaca que “la necesidad de fijar pautas que coloquen en una situación de equilibrio a las partes, garantizando la transparencia, el resguardo de los derechos del consumidor y la competencia….”. El escrito también alude a garantizar “el acceso a la educación en condiciones razonables y equitativas”.
Cabe destacar que, antes las denuncias realizadas por padres y madres de alumnos y alumnas que concurren a establecimientos educativos de gestión privadas, desde el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia se realizó una guía práctica e informativa que incluye una serie de sugerencias y recomendaciones que se pueden aplicar ante posibles casos de abusos en el cobro de cuotas y deudas; incrementos de la matrícula, pedido de pases, becas y distintas cuestiones que atañen al funcionamiento del sistema educativo de gestión privada.
Estas recomendaciones y sugerencias resultan aplicables tanto en los establecimientos educativos bonaerenses que reciben aporte estatal, como en aquellos que no están subvencionados.
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