En una nueva medida para aliviar el peso económico de la cuarentena, el gobierno decidió congelar las tarifas de teléfono, internet y cable hasta el 31 de agosto. La iniciativa fue conocida durante la jornada de ayer y buscará, además, presentar un servicio complementario para usuarios que tengan problemas financieros y no puedan abonar esos impuestos de manera remota.
Según explicó el portal Diagonales, este último punto remite a quienes no alcanzan a abonar sus tarifas a través de dinámicas como el postpago, prepago o internet en casa. “Consiste en poner a disposición planes inclusivos de Telefonía e Internet Móvil de pospago; de prepago móvil y de internet fijo destinados a todas las personas que soliciten el beneficio, con un precio fijo hasta el 31 de octubre”, destacaron desde el ENACOM.
A su vez, la medida incluye el compromiso de las empresas a no ordenar despidos de personal, según señaló durante la tarde de ayer el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini, luego de una reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández.
“Durante la tarde de hoy, el Poder Ejecutivo resolvió con acuerdo de las partes una serie de disposiciones para los servicios de telefonía móvil y fija, Internet y TV paga para suspender los aumentos de precios hasta el 31 de agosto de 2020, con el fin de alivianar la situación de los usuarios y usuarias afectados por la cuarentena”, explicó Ambrosini.
Respecto a los planes complementarios, Ambrosini dijo que deberán cumplir una prestación que consistirá en al menos 500 MB de datos; aplicaciones de mensajería -solo texto- (WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger); 500 SMS; 300 minutos de llamadas en la red del mismo prestador y 50 minutos en redes de otros prestadores.
Además deberán contar con acceso gratuito a lineas 0800, navegación en portales educativos gratis para el caso de la Telefonía e Internet Movil de Pospago; aplicaciones de mensajería -solo texto-(WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger); 300 SMS; 100 minutos de llamadas en la red del mismo prestador y 50 minutos en redes de otros prestadores.
30 de abril. El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 136, en jurisdicción de Chascomús. El vehículo impactó contra el guard-rail y terminó debajo del puente. El conductor logró salir por sus propios medios.
30 de abril. Se actualizan los haberes con una suba del 3,4%, aunque la suma extra se mantiene sin aumentos desde marzo de 2024. Los días de cobro se corren por feriados y arrancan en la segunda semana de mayo.
30 de abril. El viernes pasado se encontró un mensaje dirigido a directivos junto a dos proyectiles dentro del establecimiento. Se dispuso la suspensión preventiva de la presencialidad mientras avanza la investigación. La comunidad educativa pidió condiciones para retomar las clases.
29 de abril. Serán distribuidas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para alcanzar una integración total entre los CAPS y el Hospital “San Roque”, y avanzar en la implementación de la historia clínica digital en todo el sistema de salud local.
29 de abril. Problemas de distribución, caída de ventas y el avance de lo digital dejaron a la ciudad sin oferta de revistas impresas. Kiosqueros advierten que la situación se repite en el interior y que el papel pasó de hábito cotidiano a consumo excepcional.
29 de abril. Sus dueños tomaron la decisión ante la imposibilidad judicial de avanzar con la construcción de un hotel. Cada uno de las residencias tendrá entre 2000 y 3000 metros cuadrados. La iniciativa también contempla rediseñar el campo de juego, que quedará reducido a la mitad (9 hoyos).
29 de abril. El expediente judicial contempla que el procedimiento se lleve a cabo el próximo 4 de mayo. Mientras tanto, se busca vender a algunos de los pingüinos que siguen en el oceanario, que quebró y cerró sus puertas en abril de 2025.
28 de abril. Tras más de 600 mensajes intimidatorios en establecimientos de la Provincia, el gobierno bonaerense presentó una denuncia para investigar una presunta estructura organizada detrás de los hechos. En paralelo, Santa Fe y Córdoba endurecen medidas: impulsan demandas civiles y multas a padres de menores responsables por los altos costos de los operativos de seguridad.