Un video de entre 10 y 15 segundos encontrado en el teléfono celular del rugbier Lucas Pertossi registra la emboscada y el inicio del ataque que finalizó con el asesinato de Fernando Báez Sosa en la localidad balnearia de Villa Gesell, informaron fuentes de la investigación.
Según publicó Ámbito.com, los voceros consultados detallaron que la filmación -que es de buena calidad- concluye cuando el propio Pertossi se suma al ataque cometido contra un amigo de Fernando.
Días atrás, Fernando Burlando, abogado de la familia Báez Sosa, ya había confirmado que según "un adelanto de la información que recibió la fiscal, existe un video" registrado por uno de los rugbiers en los momentos previos al ataque, cuando el grupo va "a la caza" de la víctima.
Los diez rugbiers fueron imputados por la fiscalía por el delito de "homicidio premeditatado por el concurso de dos o más personas".
El video está entre los casi 5 terabytes de información extraída de los teléfonos celulares secuestrados a los diez rugbiers imputados por el crimen cometido el 18 de enero último en la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell.
El material fue entregado a la fiscal del caso, Verónica Zamboni, quien lo recibió en dos discos externos remitidos por personal de la División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional de la Policía Federal Argentina (PFA), con sede en la Escollera Norte de la ciudad de Mar del Plata.
El contenido de los seis teléfonos iPhone, dos Huawei y un Motorola secuestrados a los rugbiers durante el allanamiento a la vivienda en la que se alojaban en Villa Gesell aportó "información muy relevante" e "importante material probatorio" respecto de su responsabilidad en el crimen de Báez Sosa, dijeron los voceros.
Ahora toda esa información, que recién ayer fue incorporada a la causa, será entregada a la querella y a la defensa de los acusados Máximo Thomsen (20), Lucas (18), Ciro y Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20), Alejo Milanesi (20) y Juan Pedro Guarino (19), Enzo Comelli (19), Blas Cinalli (18), y Ayrton Viollaz (20).
30 de abril. El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 136, en jurisdicción de Chascomús. El vehículo impactó contra el guard-rail y terminó debajo del puente. El conductor logró salir por sus propios medios.
30 de abril. Se actualizan los haberes con una suba del 3,4%, aunque la suma extra se mantiene sin aumentos desde marzo de 2024. Los días de cobro se corren por feriados y arrancan en la segunda semana de mayo.
30 de abril. El viernes pasado se encontró un mensaje dirigido a directivos junto a dos proyectiles dentro del establecimiento. Se dispuso la suspensión preventiva de la presencialidad mientras avanza la investigación. La comunidad educativa pidió condiciones para retomar las clases.
29 de abril. Serán distribuidas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para alcanzar una integración total entre los CAPS y el Hospital “San Roque”, y avanzar en la implementación de la historia clínica digital en todo el sistema de salud local.
29 de abril. Problemas de distribución, caída de ventas y el avance de lo digital dejaron a la ciudad sin oferta de revistas impresas. Kiosqueros advierten que la situación se repite en el interior y que el papel pasó de hábito cotidiano a consumo excepcional.
29 de abril. Sus dueños tomaron la decisión ante la imposibilidad judicial de avanzar con la construcción de un hotel. Cada uno de las residencias tendrá entre 2000 y 3000 metros cuadrados. La iniciativa también contempla rediseñar el campo de juego, que quedará reducido a la mitad (9 hoyos).
29 de abril. El expediente judicial contempla que el procedimiento se lleve a cabo el próximo 4 de mayo. Mientras tanto, se busca vender a algunos de los pingüinos que siguen en el oceanario, que quebró y cerró sus puertas en abril de 2025.
28 de abril. Tras más de 600 mensajes intimidatorios en establecimientos de la Provincia, el gobierno bonaerense presentó una denuncia para investigar una presunta estructura organizada detrás de los hechos. En paralelo, Santa Fe y Córdoba endurecen medidas: impulsan demandas civiles y multas a padres de menores responsables por los altos costos de los operativos de seguridad.