La disposición entró en vigencia el 1 de enero de 2019, cuando María Eugenia Vidal era la gobernadora, pero cosechó un amplio rechazo y fue suspendida por un año, período que concluirá el próximo 18 de febrero.
Consultadas por el portal Profesional, fuentes del oficialismo aseguraron que la norma se volverá a suspender, aunque no precisaron si será por un año o más, algo que se definirá antes de fin de mes.
La resolución 246 estimula el uso irrestricto de glifosato, clorpirifos, atrazina, 2,4-D, dicamba, glufosinato de amonio, cletodim, picloram y otros venenos. Fue promovida por Leonardo Sarquís, ex ministro de Agroindustria bonaerense con pasado en el área de ventas de uno de los actores clave de la producción de plaguicidas y transgénicos a nivel planetario: la estadounidense Monsanto, hoy bajo control accionario de la alemana Bayer.
La norma que promulgó Vidal legaliza la aplicación de agrotóxicos sin especificar distancias mínimas respecto de centros urbanos o escuelas rurales. Y tampoco fija límites de protección de ríos, arroyos, lagos y lagunas bonaerenses.
Para los establecimientos educativos ubicados fuera de los ejidos urbanos el único criterio pro alumnos que contempla es el veto a las fumigaciones en horario escolar. Quienes utilizan plaguicidas, de acuerdo al marco, pueden aplicarlos junto a las escuelas hasta un minuto antes del inicio de clases. Y, por supuesto, 60 segundos después de vaciadas las aulas.
Semejante decisión va a contramano de toda la bibliografía científica independiente generada tanto en Argentina –sobre todo por la Universidad de La Plata, con el doctor Damián Marino a la cabeza– como en el resto del mundo.
Un amplio volumen de trabajos técnicos demuestra el alto grado de persistencia en el ambiente que ostentan estos compuestos así como su capacidad para desplazarse –la deriva, una de sus formas– por varios kilómetros vía aspectos atmosféricos y climáticos como el viento, la lluvia, humedad del suelo y la misma temperatura, por citar algunos factores.
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