El acceso a los servicios y a la atención en salud es un derecho garantizado por la Constitución Nacional aunque, lamentablemente, es recurrente ver como este derecho se ve vulnerado por la burocracia, la falta de presupuesto o la inoperancia.
Héctor Abel Van Mouleghey es un vecino de Dolores que necesita una prótesis para reemplazar su rodilla derecha.
De más esta decir que esta prótesis es fundamental para sobrellevar el cuadro de salud que lo afecta y para mejorar su calidad de vida.
Ante este diagnóstico, el 12 de octubre de 2018 los familiares del paciente presentaron en la delegación de PAMI Dolores la prescripción médica, quedando la solicitud registrada en el expediente N° 5812201800004390.
En este sentido, desde el estudio jurídico Porrez explicaron que, lamentablemente, luego de siete meses sin obtener respuestas y ante la urgencia de la rehabilitación del paciente, se presentó un amparo judicial.
Esta situación se decribe en la presentación judicial radicada en el Juzgado Federal a cargo del Dr. Alejo Ramos Padilla, donde dice: "Habiendo pasado siete meses, el paciente no ha tenido respuesta alguna por parte del personal de la Oficina de PAMI de la ciudad de Dolores, respecto de la solicitud de la prótesis".
Además, agrega: "El silencio prolongado de la administración traduce una inactividad o negligencia que merece reparo mediante recursos tendientes a lograr, no la satisfacción de lo pedido, sino el deber de la administración de resolverlo".
En este sentido, el Dr. Juan Porrez expresó: "Son muchos meses sin respuesta, queda claro que cuando una administración pública no responde, está dando cuenta del desorden interno que tiene".
Sobre este punto, el fallo de Ramos Padilla es claro y contundente, señalando que ante el pedido de informes por parte del Juzgado a PAMI, desde dicha oficina no se le ha presentado ningún informe y se ha negado a la Justicia todos los datos vinculados con el caso.
De esta manera, a la hora de analizar el accionar de la Obra Social, la resolución emitida por el Juez Federal de Dolores expresa: "Al silencio de PAMI se contrapone la actitud del amparista que ha aportado razones médicas que prueban la necesidad de la colocación del insumo".
Y además, agrega: "La negativa de la Obra Social a la provisión de la prótesis indicada por los profesionales tratantes resulta arbitraria y constituye una violación al derecho a la salud, garantizado por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales"
Por todo lo expuesto, el Juzgado Federal condenó a PAMI a que en el plazo de cinco días haga entrega de la prótesis al paciente y a pagar todas las costas que generó este proceso judicial.
Hay que aclarar que este fallo data del 8 de noviembre pasado y, según el Dr. Juan Porrez, aún no han tenido respuesta y mucho menos una solución.
Esto sigue evidenciando que más allá de la burocracia o la inoperancia, ahora desde PAMI también se está desobedeciendo una orden judicial.
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