La Unidad Penal Nº 6 ubicada en Dolores es la cárcel de la provincia con mayor superpoblación del territorio bonaerense. Según indicó el Informe Anual 2019 de la Comisión Provincial de la Memoria, en diciembre del año pasado había 833 internos cuando su capacidad es de 370 plazas. Esto representa un 343% más de personas alojadas sobre las que debería tener, una cifra que triplica la media provincial, que se ubica en un más que preocupante 113%.
Entre las sobreocupadas, 23 cárceles bonaerenses superaron la marca de sobrepoblación global, siete están por encima del 200% y otras dos rebasan el 300%. La unidad 6 de Dolores fue en 2018 la más sobrepoblada del SPB: alojó a 3,4 personas cada 1 plaza. Le siguieron las cárceles de Florencio Varela, Magdalena y Mercedes, señala el informe de la CPM.
Sin embargo, Juan Carlos Valente, presidente de la Comisión de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) dijo que constató que a la fecha hay en la cárcel de Dolores 905 presos, y hace poco tiempo había llegado a más de 950.
Además, destacó que “hay que tener en cuenta que la Unidad Penal de Dolores es la más antigua de la Provincia, junto a la de Mercedes, y que sus celdas son muy pequeñas, lo que aún hace más grave el hacinamiento, ya que en lugares donde hay dos catres de cemento, se apiñan, cinco, seis y a veces siete personas privadas de libertad, debiendo dormir varios en el suelo o turnándose para pernoctar”.
Valente solicitó al juez de Ejecución Penal, Matías Zabaljauregui, que tuviera en cuenta la posibilidad de un cepo o veda, para evitar el ingreso de presos de otras jurisdicciones, como el Conurbano o Mar del Plata, que tienen otra idiosincrasia y mayor peligrosidad que los de nuestra zona. “Así la Cárcel de Dolores sería solo para los habitantes de los partidos que integran este Departamento Judicial”.
seguridad desastrosa
Según el informe de la CPM “durante esta gestión se superaron todos los récords de cantidad de personas encarceladas”, lo que “la orientación de la política de seguridad y de persecución criminal, dirigida únicamente a una mayor captación de personas por parte del sistema penal y no a una desarticulación de los mercados delictivos complejos”.
“El incremento de 15.000 nuevas personas detenidas en la Provincia durante esta gestión -que ha llevado al récord de 50.500 a julio del 2019- es presentado como un logro de la política criminal. Sin embargo, sus consecuencias -como veremos- no son la disminución del delito sino el aumento de las violaciones de derechos humanos producidas por las fuerzas de seguridad tanto en el encierro como en los territorios”, advierte el organismo que preside el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Para el organismo, “al mismo tiempo que se promueven reformas regresivas, no se ha avanzado en la implementación de otras que sí buscan una transformación estructural del actual estado de cosas”. Entre las medidas imprescindibles, la CPM menciona la creación de la policía judicial y las fiscalías especializadas en violencia institucional, entre otras.
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