La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) regularizó deudas por casi $500 millones, en los primeros cuatro días de vigencia del programa con facilidades para cancelar impuestos tanto en instancia judicial como prejudicial.
Fuentes de esa dependencia confirmaron este sábado a Télam que ya se tramitaron 11.489 acogimientos y se regularizaron deudas por $497 millones, de las cuales la mayoría corresponden a pequeñas y medianas empresas que adeudaban Ingresos Brutos al fisco, detalló ARBA.
Según expresó la gobernadora María Eugenia Vidal, las medidas adoptadas por ARBA tienen que ver con un “alivio al sector productivo”.
“Son planes de pago para contribuyentes que tengan instancias prejudiciales o judiciales que refinancien la deuda a 60 meses”, dijo.
“También ofrecemos la posibilidad de retomar los planes que se cayeron por falta de pago, y suspendemos hasta fin de año los embargos sobre cuentas bancarias o derechos de créditos”, afirmó.
En ese sentido, el director ejecutivo de ARBA, Gastón Fossati, dijo a Télam que “las medidas de alivio tributario están teniendo una muy buena respuesta”.
“Los beneficios que lanzamos a principios de este mes dan respuestas concretas a sectores de la producción, los servicios y a los contribuyentes en general que tienen dificultades provocadas por la coyuntura económica”, expresó.
Hasta el 31 de diciembre próximo ARBA no trabará nuevos embargos sobre cuentas bancarias y derechos de crédito.
Esta medida, según estimaciones del fisco, constituirá un paliativo para casi 58.000 contribuyentes, entre ellos, pymes, microempresas y prestadores de servicios profesionales, que poseen deudas tributarias que se encuentran en proceso de cobro por juicio de apremio.
El programa de regularización comprende a planes de pago previos que se encuentren caducos por incumplimientos, se indicó en un comunicado.
Se trata de contribuyentes que adeudan los impuestos Inmobiliario (Básico y Complementario), Automotores, Embarcaciones Deportivas, Ingresos Brutos y Sellos.
En el caso de las deudas en instancia prejudicial y judicial, se contempla una financiación de hasta 60 cuotas para regularizar la situación.
30 de abril. El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 136, en jurisdicción de Chascomús. El vehículo impactó contra el guard-rail y terminó debajo del puente. El conductor logró salir por sus propios medios.
30 de abril. Se actualizan los haberes con una suba del 3,4%, aunque la suma extra se mantiene sin aumentos desde marzo de 2024. Los días de cobro se corren por feriados y arrancan en la segunda semana de mayo.
30 de abril. El viernes pasado se encontró un mensaje dirigido a directivos junto a dos proyectiles dentro del establecimiento. Se dispuso la suspensión preventiva de la presencialidad mientras avanza la investigación. La comunidad educativa pidió condiciones para retomar las clases.
29 de abril. Serán distribuidas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para alcanzar una integración total entre los CAPS y el Hospital “San Roque”, y avanzar en la implementación de la historia clínica digital en todo el sistema de salud local.
29 de abril. Problemas de distribución, caída de ventas y el avance de lo digital dejaron a la ciudad sin oferta de revistas impresas. Kiosqueros advierten que la situación se repite en el interior y que el papel pasó de hábito cotidiano a consumo excepcional.
29 de abril. Sus dueños tomaron la decisión ante la imposibilidad judicial de avanzar con la construcción de un hotel. Cada uno de las residencias tendrá entre 2000 y 3000 metros cuadrados. La iniciativa también contempla rediseñar el campo de juego, que quedará reducido a la mitad (9 hoyos).
29 de abril. El expediente judicial contempla que el procedimiento se lleve a cabo el próximo 4 de mayo. Mientras tanto, se busca vender a algunos de los pingüinos que siguen en el oceanario, que quebró y cerró sus puertas en abril de 2025.
28 de abril. Tras más de 600 mensajes intimidatorios en establecimientos de la Provincia, el gobierno bonaerense presentó una denuncia para investigar una presunta estructura organizada detrás de los hechos. En paralelo, Santa Fe y Córdoba endurecen medidas: impulsan demandas civiles y multas a padres de menores responsables por los altos costos de los operativos de seguridad.