María Alejandra Arias, presidente de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA), denunció que el sector bioquímico atraviesa una grave situación económico-financiera y que podría concluir en la suspensión del servicio en pocos días más, si es que el Gobierno no da respuestas positivas.
“Hemos solicitado al Poder Ejecutivo que se exima del pago del IVA a los productos sanitarios para diagnóstico in-vitro (IVD), que incluye reactivos, instrumentos, aparatos, equipos, descartables y todo lo necesario para el funcionamiento de los laboratorios de análisis clínicos, la mayoría de origen extranjero, por lo que se han incrementados sus costos de manera desorbitada”, aseguró Arias.
Sobre este tema, admitió que el sector está en emergencia y explicó que muchos proveedores no entregan los insumos o lo hacen sin precio o al valor dólar del momento, lo que provoca más incertidumbre.
“La depreciación de los aranceles, el aumento de la inflación, la fuerte suba del dólar, la devaluación de la moneda, la falta de respuesta de los financiadores, el estiramiento en la cadena de pagos, el crecimiento del gasto, la atomización de los ingresos, la concentración de infraestructura y las tasas elevadas, han puesto en jaque a los laboratorios de análisis clínicos, desfinanciándolos y llevándolos al borde de la quiebra, lo que hace que la situación del sector sea insostenible, provocando así el cierre de muchos de ellos, aumentando el desempleo y afectando la accesibilidad de los beneficiarios de la seguridad social, que hoy tienen la posibilidad de recibir atención hasta en las localidades más pequeñas”, sostuvo la titular de CUBRA, entidad que agrupa a más de 7.000 bioquímicos y más de 4.500 laboratorios de análisis clínicos diseminados en todo el territorio nacional.
A modo de ejemplo, Arias explicó que tanto el año pasado como este, el Pami (una de las obras sociales más importantes en cuanto a cantidad de afiliados) incrementó el valor de los aranceles en porcentajes muy inferiores en relación con la inflación, lo que generó el desfinanciamiento de una importante cantidad de laboratorios.
“Según el Indec, la inflación del año pasado fue del 47,65% y el aumento otorgado por el Pami fue del 38%, teniendo en cuenta que la última cuota del aumento fue del 3% y lo cobramos en agosto de este año. A julio pasado, la inflación ascendió al 54,39% y el aumento sólo del 32%. Lamentablemente, si esto sigue así, en pocos días más los bioquímicos del país nos veremos imposibilitados de seguir brindando el servicio”, finalizó la titular de CUBRA.
11 de diciembre. Un operativo de la Delegación de Drogas Ilícitas Dolores terminó con la caída de una mujer señalada como vendedora de cocaína y marihuana en Mar del Tuyú. Secuestraron estupefacientes, teléfonos y una balanza. La sospechosa quedó detenida.
11 de diciembre. El intendente Juan de Jesús recorrió los trabajos financiados por la Provincia en el predio de calles 50 y 23. La nueva institución, primera en su tipo en Costa Chica, marca una inversión estratégica en educación en un año de fuerte ajuste nacional.
11 de diciembre. La medida se enmarca en la reestructuración impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La oficina dejó de funcionar este lunes y pasó a operar en General Madariaga, a 118 kilómetros de la localidad del Partido de La Costa.
11 de diciembre. La camioneta había sido robada en Santa Teresita. El Centro de Monitoreo siguió su recorrido en tiempo real y permitió detener a tres personas de José León Suárez y Beccar en un baldío de Las Toninas.
10 de diciembre. Son abiertos a la comunidad y otorgan títulos de validez nacional. Se dictan tecnicaturas superiores, carreras de auxiliares y cursos superiores y de formación continua.
10 de diciembre. “Ahora hacete cargo de tus actos”, escribió Gustavo Suárez, el padre, que cometió el asesinato cerca de la Ruta 60, en la localidad bonaerense de Huanguelén. Antes, llamó a su ex pareja para avisarle lo que iba a hacer.
10 de diciembre. El Ejecutivo pinamarense propuso congelar salarios pese a una inflación anual cercana al 40%. El gremio declaró conflicto colectivo y advirtió graves fallas en la seguridad de playa, incluso con una notificación provincial que cuestiona la habilitación balnearia.
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