Un chico de tan sólo 12 años oriundo de Recreo fue hallado muerto en un descampado. La policía encontró el cadáver del menor de edad, que había sido asesinado de 30 puñaladas en un pastizal de Mateo Booz y Menchaca, en inmediaciones del Barrio Mocoví de Santa Fe.
El niño, identificado como Diego Román, era intensamente buscado desde el miércoles. Tras encontrar el cuerpo, los peritos forenses determinaron que el chico, que estaba completamente desnudo, fue apuñalado 30 veces y tenía cortado los genitales.
Tanto policías como el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Andrés Marchi, coinciden en que es muy alta la probabilidad de que el pequeño haya sido asesinado en otro lugar, y luego su cuerpo trasladado hasta el baldío.
La familia del niño había denunciado su desaparición el miércoles por la tarde en la Comisaría 16 de Recreo. El niño había asistido al colegio y nunca más regresó a su casa. La policía comenzó los rastrillajes tanto en la ciudad como en las zonas rurales de los alrededores. Además, se realizaron entrevistas a vecinos, amigos, maestros y familias.
Finalmente, el cuerpo fue hallado por el vicepresidente del Club Social Central Oeste, donde el chico jugaba al fútbol. Según los peritos, el chico llevaba fallecido entre 12 y 24 horas antes del hallazgo. Además de las heridas producidas por las puñaladas, el cuerpo desnudo del niño también presentaba mordeduras de perros.
El niño vivía con su papá, la pareja de éste, sus hermanos y medios hermanos. Eran diez personas las que compartían una vivienda a media cuadra de la Escuela 1338, Coom Caia. Valería, la directora del colegio, confirmó que el miércoles el niño había asistido a clases y había estado en el comedor.
“Nada nos hizo pensar que estaría en peligro. También nos llama la atención el hermetismo de sus compañeros y amigos; tal vez saben algo y callando piensan que lo protegían”, afirmó la directora de la Escuela 1338 al medio Aire Digital.
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22 de mayo. Dos hombres y dos mujeres de la Policía Bonaerense que estaban presentes en el momento del ataque fueron acusados de "violación a los deberes de funcionarios públicos" y Asuntos Internos inició una auditoría, aunque no fueron desafectados de la fuerza.
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