Conmoción por la detención de un pediatra del Garrahan acusado de formar parte de una red de pedofilia

Los consumidores de pornografía infantil en la Argentina suelen ser sumamente específicos. Un hombre detenido dos años atrás en Capital Federal, un exitoso profesional de poco menos de 50 años, acumulaba, por ejemplo, solo imágenes eróticas de varones obesos de 8, 9, 10 años de edad. Se limitan por lo general a un género, un tipo de cuerpo, un rango de edad. Pero lo que la Sección Ciberdelitos de la Policía de la Ciudad y la fiscal porteña Daniela Dupuy encontraron en las dos computadoras y pendrives de Ricardo Guillermo Russo, el ex jefe de inmunología y reumatología del hospital Garrahan, fue algo un poco más omnívoro.

"De todo", dijo a Infobae un investigador: "Varones y mujeres por igual". Había actos sexuales explícitos, desnudez, bebés de seis meses, chicos de catorce años, actos de abuso. El secretario de Seguridad Marcelo D'Alessandro agregó algo peor: "Se veían camillas". No lo imputan solo por el delito de posesión y distribución. "Sacaba fotos", asegura otro investigador clave.

Lo que horroriza aquí es el título. Uno puede imaginar a un consumidor de pornografía infantil, a un pedófilo, como una especie de ogro sucio en un departamento manchado, persianas bajas, con la luz de un monitor y el LED de un módem, pero los más hábiles, los que consiguen lo que quieren, se ocultan a simple vista. "Tipo conocido", decían fuentes del caso sobre el doctor antes de que su nombre se hiciera público. Era conocido, ciertamente.

Russo, un médico de alto rango del principal centro médico pediátrico del país, un lugar cuyo nombre es sinónimo de empatía y cuidado al niño en la cabeza de cualquiera, se había recibido en la Universidad de La Plata en 1985 según su currículum online, estableció el servicio de reumatología en el hospital, practicó la medicina en el exterior, su nombre estuvo asociado a prestigiosas fundaciones en el país. En Youtube se mostraba como un tipo alegre, cantando canciones de los Beatles mientras tocaba el bajo, en viajes por Europa.

Poco después de que trascendiera su detención, el Garrahan emitió un comunicado donde sin nombrarlo decidía apartarlo. El nombre del médico fue quitado del sitio del hospital, reemplazado con un lugar en blanco. Lo cierto es que la caída de Russo no fue nada especial: obedeció a un patrón de redes sociales y rituales común en el encarcelamiento de consumidores de material sexual con niños y niñas como víctimas a lo largo de la Argentina, un dominó que comienza en organismos internacionales y que se vincula IP por IP, computadora por computadora, que revela pequeñas redes de pedófilos unidos por gustos, o por casualidad.

Desde Estados Unidos, Homeland Security Investigation (HSI) dio una primera alerta al gobierno de Brasil: una serie de usuarios orbitaban alrededor de un solo IP, un solo proveedor. El rastro llevó hasta Russo, que cayó por una de las bocas de expendio más trilladas del porno infantil en la Argentina, la vieja red eMule, un sistema P2P para compartir archivos y video similar a Napster, muy popular hace 15 años, que cayó en desuso pero nunca fue clausurada.

La Policía Federal la monitoreaba con frecuencia hace tres años con la vieja división Pornografía Infantil rebautizada como Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia. No era muy difícil encontrar material sexual allí, tipear comandos de tres caracteres abría un menú de abuso explícito. Tampoco hay que ser un cerebro para operarla. Su interfaz es realmente simple.

Lo cierto es que Russo era un hombre parado en una vieja frontera.  Eventualmente, los consumidores de pornografía infantil dejaron de lado sus computadoras para entrar en un entorno mucho más inmediato y sencillo que estaba justo en sus manos: WhatsApp.

La fiscal Dupuy, que investiga a Russo y una de las mayores expertas en la materia en el país, se encontraba a la red telefónica en cada vez más casos: una mujer de Belgrano había llegado asombrada a su fiscalía, su número había sido incluido en un grupo de más de 70 usuarios de Argentina y otros países. No era algo fácil de controlar. NCMEC no tenía hasta 2018 jurisdicción alguna sobre WhatsApp.