El Gobierno promulgó este miércoles la ley 27.501, modificatoria de la 26.485, que establece el acoso callejero como una modalidad de violencia a la mujer. Tal normativa fue sancionada por el Congreso el 16 de abril, luego de su aprobación en la Cámara de Senadores.
Así se introducen cambios a la Ley de Protección Integral a las Mujeres, con el objetivo de "prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres". Además define a la violencia contra las mujeres en el espacio público como "aquella ejercida por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo".
Por otro lado, establece la implementación de una línea telefónica “gratuita y accesible” destinada a la contención y asesoramiento de las víctimas.
Asimismo, contempla articular, en el marco del Consejo Federal de Educación, "la inclusión en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares y la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos y de la 'violencia contra las mujeres en el espacio público' conocida como 'acoso callejero'".
Por último, insta a las fuerzas de seguridad a "actuar en protección de las mujeres en espacios públicos cuando se vieran afectadas por este tipo de delitos".
Respecto del acoso callejero en concreto, al menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, según un informe publicado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, 8 de cada 10 mujeres fueron víctimas de "acoso callejero” en el año.
En octubre del año pasado la Cámara de Diputados provincial aprobó un proyecto de ley que multa el acoso sexual callejero. La iniciativa fue el resultado de la unificación de los proyectos de las diputadas Marisol Merquel y Anahí Bilbao, y fue girada al Senado.
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