El Gobierno promulgó este miércoles la ley 27.501, modificatoria de la 26.485, que establece el acoso callejero como una modalidad de violencia a la mujer. Tal normativa fue sancionada por el Congreso el 16 de abril, luego de su aprobación en la Cámara de Senadores.
Así se introducen cambios a la Ley de Protección Integral a las Mujeres, con el objetivo de "prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres". Además define a la violencia contra las mujeres en el espacio público como "aquella ejercida por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo".
Por otro lado, establece la implementación de una línea telefónica “gratuita y accesible” destinada a la contención y asesoramiento de las víctimas.
Asimismo, contempla articular, en el marco del Consejo Federal de Educación, "la inclusión en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares y la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos y de la 'violencia contra las mujeres en el espacio público' conocida como 'acoso callejero'".
Por último, insta a las fuerzas de seguridad a "actuar en protección de las mujeres en espacios públicos cuando se vieran afectadas por este tipo de delitos".
Respecto del acoso callejero en concreto, al menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, según un informe publicado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, 8 de cada 10 mujeres fueron víctimas de "acoso callejero” en el año.
En octubre del año pasado la Cámara de Diputados provincial aprobó un proyecto de ley que multa el acoso sexual callejero. La iniciativa fue el resultado de la unificación de los proyectos de las diputadas Marisol Merquel y Anahí Bilbao, y fue girada al Senado.
30 de abril. El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 136, en jurisdicción de Chascomús. El vehículo impactó contra el guard-rail y terminó debajo del puente. El conductor logró salir por sus propios medios.
30 de abril. Se actualizan los haberes con una suba del 3,4%, aunque la suma extra se mantiene sin aumentos desde marzo de 2024. Los días de cobro se corren por feriados y arrancan en la segunda semana de mayo.
30 de abril. El viernes pasado se encontró un mensaje dirigido a directivos junto a dos proyectiles dentro del establecimiento. Se dispuso la suspensión preventiva de la presencialidad mientras avanza la investigación. La comunidad educativa pidió condiciones para retomar las clases.
29 de abril. Serán distribuidas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para alcanzar una integración total entre los CAPS y el Hospital “San Roque”, y avanzar en la implementación de la historia clínica digital en todo el sistema de salud local.
29 de abril. Problemas de distribución, caída de ventas y el avance de lo digital dejaron a la ciudad sin oferta de revistas impresas. Kiosqueros advierten que la situación se repite en el interior y que el papel pasó de hábito cotidiano a consumo excepcional.
29 de abril. Sus dueños tomaron la decisión ante la imposibilidad judicial de avanzar con la construcción de un hotel. Cada uno de las residencias tendrá entre 2000 y 3000 metros cuadrados. La iniciativa también contempla rediseñar el campo de juego, que quedará reducido a la mitad (9 hoyos).
29 de abril. El expediente judicial contempla que el procedimiento se lleve a cabo el próximo 4 de mayo. Mientras tanto, se busca vender a algunos de los pingüinos que siguen en el oceanario, que quebró y cerró sus puertas en abril de 2025.
28 de abril. Tras más de 600 mensajes intimidatorios en establecimientos de la Provincia, el gobierno bonaerense presentó una denuncia para investigar una presunta estructura organizada detrás de los hechos. En paralelo, Santa Fe y Córdoba endurecen medidas: impulsan demandas civiles y multas a padres de menores responsables por los altos costos de los operativos de seguridad.