Ya está en marcha la ley Brisa, por lo que hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidios podrán solicitar una beca consistente en un haber mínimo jubilatorio. La llamada ley Brisa fue aprobada en junio pasado, a partir de un proyecto presentado por la organización feminista “La Casa del Encuentro”.
La ley creó un Régimen de Reparación Económica para los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas Colaterales de Femicidio y, a partir del 6 de febrero, está disponible a través de la página web de ANSES. La ley lleva el nombre de Brisa, la hija menor de Daiana de los Ángeles Barrionuevo, asesinada en diciembre de 2014 por su pareja. Junto con sus tíos y hermanos, Brisa estuvo el verano pasado disfrutando del Partido de La Costa donde fue invitada con pasajes, hotel, estadía, almuerzos, cenas, meriendas y paseos a Mundo Marino, entre otras actividades que pudieron disfrutar, todo organizado por entidades y organizaciones costeras con el apoyo de la Municipalidad local.
Según los informes del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” de la Casa del Encuentro en los últimos 10 años, 2.679 mujeres han sido asesinadas como consecuencia de la violencia machista y 3.328 hijos e hijas quedaron sin su madre. En lo que va del 2019, ya se han dado más de 20 femicidios y en muchos de estos episodios, quedan niños y niñas sin madres y muchas veces, también sin padres.
CÓMO HACER EL TRÁMITE
Para acceder al beneficio que otorga la ley Ley 27.452, reglamentada el 28 de septiembre mediante el decreto 871/2018 el Poder Ejecutivo, se debe ingresar a la página de la ANSES, solapa “HIJOS”, para solicitar un turno.
Las personas menores de 18 años deberán solicitarlo a través de sus representantes legales (tutor/a, guardador/a o adoptante). Luego, se debe concurrir a la oficina de la repartición con la documentación solicitada e imprimir los formularios que deberán ser firmados ante el empleado del organismo. El trámite no requiere la participación de abogados ni gestores y es totalmente gratuito. Y no se perderá en caso de que el menor sea beneficiario de otro plan.
30 de abril. El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 136, en jurisdicción de Chascomús. El vehículo impactó contra el guard-rail y terminó debajo del puente. El conductor logró salir por sus propios medios.
30 de abril. Se actualizan los haberes con una suba del 3,4%, aunque la suma extra se mantiene sin aumentos desde marzo de 2024. Los días de cobro se corren por feriados y arrancan en la segunda semana de mayo.
30 de abril. El viernes pasado se encontró un mensaje dirigido a directivos junto a dos proyectiles dentro del establecimiento. Se dispuso la suspensión preventiva de la presencialidad mientras avanza la investigación. La comunidad educativa pidió condiciones para retomar las clases.
29 de abril. Serán distribuidas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para alcanzar una integración total entre los CAPS y el Hospital “San Roque”, y avanzar en la implementación de la historia clínica digital en todo el sistema de salud local.
29 de abril. Problemas de distribución, caída de ventas y el avance de lo digital dejaron a la ciudad sin oferta de revistas impresas. Kiosqueros advierten que la situación se repite en el interior y que el papel pasó de hábito cotidiano a consumo excepcional.
29 de abril. Sus dueños tomaron la decisión ante la imposibilidad judicial de avanzar con la construcción de un hotel. Cada uno de las residencias tendrá entre 2000 y 3000 metros cuadrados. La iniciativa también contempla rediseñar el campo de juego, que quedará reducido a la mitad (9 hoyos).
29 de abril. El expediente judicial contempla que el procedimiento se lleve a cabo el próximo 4 de mayo. Mientras tanto, se busca vender a algunos de los pingüinos que siguen en el oceanario, que quebró y cerró sus puertas en abril de 2025.
28 de abril. Tras más de 600 mensajes intimidatorios en establecimientos de la Provincia, el gobierno bonaerense presentó una denuncia para investigar una presunta estructura organizada detrás de los hechos. En paralelo, Santa Fe y Córdoba endurecen medidas: impulsan demandas civiles y multas a padres de menores responsables por los altos costos de los operativos de seguridad.