Debido a un llamado que recibió el 911 por una amenaza de bomba en la Escuela Nº 3 del barrio San Martín, en el distrito de General Madariaga, personal policial y de Defensa Civil desalojó el edificio y las clases del turno tarde fueron suspendidas.
Ahora las autoridades están a la espera del arribo de Bomberos de Costa del Este, especializados en explosivos, que llegarán para aplicar el protocolo indicado ante estos casos y descartar o no si se trató de una falsa denuncia.
“Al momento del llamado, los chicos estaban almorzando. Se tuvo que realizar el desalojo y proteger la zona. Ahora debemos esperar”, explicó el director de Defensa Civil, Roberto López, a la División Prensa del municipio.
Delito de Intimidación Pública:
Las falsas denuncias sobre artefactos explosivos en establecimientos escolares recrudecieron el año pasado y este accionar sigue reiterándose durante este año. El delito encuadrado en esta falta es el de intimidación pública que, desde el mes pasado, en el ámbito provincial es investigado por las fiscalías generales para darle mayor celeridad en la acumulación de pruebas a los investigadores.
La pena encuadrada para este tipo de delito va de los 2 a los 6 años de prisión y, en caso de ser menores, los padres igualmente pueden recibir castigo.
El costo de un operativo de verificación y movilización de fuerzas bomberiles, policiales y de seguridad supera los $30.000.
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