La Justicia confirmó hoy que la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) liquidó correctamente el Impuesto Inmobiliario Rural, al rechazar la pretensión de un productor del partido de La Plata que había pedido que, por vía cautelar, se obligue al organismo recaudador a volver a liquidar el tributo pero con un incremento menor al que estableció.
Se trata de un fallo de Juzgado Contencioso Administrativo 4 de la capital provincial, a cargo de la jueza María Ventura Martínez, desestimó un pedido de cautelar que había presentado el productor agropecuario Raúl Alberto Remorini contra ARBA para que le permitan pagar un monto menor del Inmobiliario Rural con el argumento de que estuvo mal liquidado.
La presentación de Remori se realizó en medio de una dura disputa entre el gobierno de Axel Kicillof y un grupo de productores rurales, algunos con militancia política, que se opusieron al pago del tributo, según informó la Agencia DIB. Este sector recibió el apoyo público del presidente de la Nación, Javier Milei y del diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, quienes llamaron a una rebelión fiscal.
Pero ahora el fallo que dictó Ventura Martínez pone fin al debate, al establecer que ARBA liquidó “correctamente” el Inmobiliario Rural. Según determinó la Justicia, no está vigente un límite de imposición contenido en el consenso fiscal firmado en 2021 que establecía un tope del 3% de la valuación fiscal de la propiedad rural alcanzada.
A través de la causa, Remorini buscaba, según explicaron fuentes judiciales a la Agencia DIB, pagar el Inmobiliario Rural en forma anual con un aumento del 200% respecto de 2023, pero con un descuento del 35% por “contribuyente cumplidor” que no está vigente y sin índices de actualización. Pretendía además que ARBA no pueda avanzar con reclamos judiciales para cobrar.
Los incrementos en el Inmobiliario Rural fueron establecidos, a igual que el resto del esquema impositivo, a través de una ley aprobada en diciembre del año pasado, con respaldo de Unión por la Patria, la UCR y el PRO.
Ese respaldo provocó incluso una reacción de Milei, que ya en ese momento se quejó en X (ex Twitter) porque “mientras algunos de la oposición al kirchnerismo arrastran los pies con nuestras reformas (Ley Bases), le acaban de votar a favor a Kiciloff (sic) aumento de impuestos y endeudamiento. Quieren seguir manteniendo este modelo empobrecedor”. Se refería a la primera versión de la Ley Bases.
Después, fue tomando forma un rechazo organizado por algunas sociedades rurales del interior bonaerense, respaldado por la Sociedad Rural Argentina, que le pidió al gobernador, en un comunicado oficial, que “tome conciencia” del impacto negativo de la suba. En una nota remitida a Kicilof, en tanto, Carbap, Coninagro, Federación Agraria y SRA dijeron haber detectado “inconsistencias” en la confección de las liquidaciones del impuesto.
En paralelo, Espert, uno de los dirigentes más críticos de LLA con Kicillof, a quien suele insultar, llamó a la rebelión fiscal bajo el argumento de que el Estado provincial “no te da nada” y de que los niveles tributación son confiscatorios “según una profusa jurisprudencia de la Corte”. Milei defendió esa intervención de Espert, a quien llamó “el profe”.
Kicillof respondió a las pocas horas: para el gobernador se trató de un llamado a incumplir la ley. “No soy psicólogo pero hay que ponerle freno a este desquicio”, dijo Kicillof en una recordada intervención en la que señaló que la postura del Presidente equivalía a propiciar al “disolución nacional” y al jaquear la recaudación del Estado, a promover el “narco (en vez de anarco) capitalismo”.
15 de marzo. El intendente Carlos Esteban Santoro firmó en La Plata un convenio con la ministra de Hábitat bonaerense, Silvina Batakis. La Provincia aportará más de $426 millones para completar servicios e infraestructura y avanzar hacia el sorteo y la entrega de las casas.
11 de marzo. Con Axel Kicillof encaminado a una candidatura presidencial, en el peronismo bonaerense ya se discute quién podría internar sucederlo. Entre los nombres que circulan aparecen Julio Alak, Gabriel Katopodis, Mayra Mendoza, Federico Achával y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. El detalle.
11 de marzo. Los liberales de Mar Chiquita viven horas de convulsión. Un comunicado oficial de La Libertad Avanza le marca la cancha a la concejal libertaria Patricia Heltner, electa en 2023.
09 de marzo. La decisión del Gobierno nacional impactará desde mayo en el Partido de La Costa. El programa que reemplazó al Potenciar Trabajo dejará de pagar el ingreso mensual y sería reemplazado por un esquema de capacitaciones laborales sobre el que aún no hay precisiones.
04 de marzo. En su discurso anual ante el Concejo Deliberante, el intendente aseguró que “mientras el gobierno nacional nos pide y nos somete a menos presencia del Estado, la sociedad en nuestro municipio nos exige más”. También insistió en la importancia de trabajar bajo la consigna “cuidar la vida” como pilar para la construcción de comunidad y desarrollo.
03 de marzo. En la apertura del 154º período ordinario de la Legislatura bonaerense, Axel Kicillof confirmó alivio fiscal a través de ARBA, el envío de una nueva Ley de Seguridad Pública, la obligatoriedad de la sala de 3 años por decreto y el impulso al laboratorio provincial de medicamentos. También reflotó el proyecto para regular a los trabajadores de plataformas digitales.
03 de marzo. En la apertura de las sesiones del Concejo Deliberante, el intendente resaltó la importancia del turismo en el desarrollo económico de la ciudad.
27 de febrero. La dimisión de Arnaldo “Lalo” Harispe, de 64 años, se efectivizará el 2 de marzo. Será reemplazado por Myriam Mongay, la presidenta del Concejo Deliberante, quien está al frente del Ejecutivo desde el 2 de enero, ya que el jefe comunal estaba de licencia por vacaciones.