La Justicia confirmó hoy que la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) liquidó correctamente el Impuesto Inmobiliario Rural, al rechazar la pretensión de un productor del partido de La Plata que había pedido que, por vía cautelar, se obligue al organismo recaudador a volver a liquidar el tributo pero con un incremento menor al que estableció.
Se trata de un fallo de Juzgado Contencioso Administrativo 4 de la capital provincial, a cargo de la jueza María Ventura Martínez, desestimó un pedido de cautelar que había presentado el productor agropecuario Raúl Alberto Remorini contra ARBA para que le permitan pagar un monto menor del Inmobiliario Rural con el argumento de que estuvo mal liquidado.
La presentación de Remori se realizó en medio de una dura disputa entre el gobierno de Axel Kicillof y un grupo de productores rurales, algunos con militancia política, que se opusieron al pago del tributo, según informó la Agencia DIB. Este sector recibió el apoyo público del presidente de la Nación, Javier Milei y del diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, quienes llamaron a una rebelión fiscal.
Pero ahora el fallo que dictó Ventura Martínez pone fin al debate, al establecer que ARBA liquidó “correctamente” el Inmobiliario Rural. Según determinó la Justicia, no está vigente un límite de imposición contenido en el consenso fiscal firmado en 2021 que establecía un tope del 3% de la valuación fiscal de la propiedad rural alcanzada.
A través de la causa, Remorini buscaba, según explicaron fuentes judiciales a la Agencia DIB, pagar el Inmobiliario Rural en forma anual con un aumento del 200% respecto de 2023, pero con un descuento del 35% por “contribuyente cumplidor” que no está vigente y sin índices de actualización. Pretendía además que ARBA no pueda avanzar con reclamos judiciales para cobrar.
Los incrementos en el Inmobiliario Rural fueron establecidos, a igual que el resto del esquema impositivo, a través de una ley aprobada en diciembre del año pasado, con respaldo de Unión por la Patria, la UCR y el PRO.
Ese respaldo provocó incluso una reacción de Milei, que ya en ese momento se quejó en X (ex Twitter) porque “mientras algunos de la oposición al kirchnerismo arrastran los pies con nuestras reformas (Ley Bases), le acaban de votar a favor a Kiciloff (sic) aumento de impuestos y endeudamiento. Quieren seguir manteniendo este modelo empobrecedor”. Se refería a la primera versión de la Ley Bases.
Después, fue tomando forma un rechazo organizado por algunas sociedades rurales del interior bonaerense, respaldado por la Sociedad Rural Argentina, que le pidió al gobernador, en un comunicado oficial, que “tome conciencia” del impacto negativo de la suba. En una nota remitida a Kicilof, en tanto, Carbap, Coninagro, Federación Agraria y SRA dijeron haber detectado “inconsistencias” en la confección de las liquidaciones del impuesto.
En paralelo, Espert, uno de los dirigentes más críticos de LLA con Kicillof, a quien suele insultar, llamó a la rebelión fiscal bajo el argumento de que el Estado provincial “no te da nada” y de que los niveles tributación son confiscatorios “según una profusa jurisprudencia de la Corte”. Milei defendió esa intervención de Espert, a quien llamó “el profe”.
Kicillof respondió a las pocas horas: para el gobernador se trató de un llamado a incumplir la ley. “No soy psicólogo pero hay que ponerle freno a este desquicio”, dijo Kicillof en una recordada intervención en la que señaló que la postura del Presidente equivalía a propiciar al “disolución nacional” y al jaquear la recaudación del Estado, a promover el “narco (en vez de anarco) capitalismo”.
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
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