José Rodríguez Ponte, el intendente de General Lavalle, declaró hoy la emergencia económica del municipio por el plazo de 90 días “debido a la crisis actual que afecta gravemente en todos los aspectos y lleva a que el dinero de las arcas públicas deba ser cuidado con diversas medidas que garanticen los cumplimientos esenciales”.
La medida se tomó a través de la ordenanza municipal Nº 2596/2023, con la cual el jefe comunal aprobó el presupuesto de recursos y gastos para lo que resta del año.
En un comunicado de prensa la Comuna señaló que “es importante resaltar que dicha crisis no sólo afecta la recaudación municipal, sino que también la devaluación de la moneda provoca problemas en los montos de partidas prefijados en el mes de diciembre último y que ya no guardan relación alguna con los montos actuales, los cuales en varios ítems notan variaciones mayores al 100% de lo previsto”.
Según un informe del área contable municipal, el presupuesto comprometido hasta el día 10 de diciembre de 2023 asciende a $ 504.400.000, mientras que los ingresos previstos en idéntico periodo ascienden a $ 513.000.000.
Esta declaración de emergencia se funda, según la gestión de Rodríguez Ponte, “en la necesidad de afrontar las erogaciones que sean útiles y necesarias para el cumplimiento de las labores encomendadas a la comuna, principalmente en cuestiones de salud, seguridad, servicios públicos, y educación”.
Por otro lado, a raíz de la necesidad de restringir las erogaciones injustificadas, el intendente firmó el decreto municipal Nº 835/23, que tiene por objetivo reglamentar el otorgamiento de horas extras a los empleados municipales.
El Municipio anticipó que en el caso de no disponer de los fondos necesarios para afrontar el pago de los salarios de los empleados municipales, “se resignará parte de la masa salarial correspondiente a la planta política municipal, garantizando de tal forma la percepción íntegra de los salarios de la planta permanente”.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.