La Cámara Nacional Electoral confirmó la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla, que había desaprobado los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos desarrolló en territorio bonaerense para las PASO de 2017, cuando María Eugenia Vidal era gobernadora.
En el fallo -al que tuvo acceso la agencia Télam- el máximo tribunal electoral confirmó la sentencia del magistrado, que había sido apelada por Juntos por el Cambio y dispuso que se tramiten “las actuaciones pertinentes, a fin de determinar las eventuales responsabilidades personales que pudieran corresponder de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 146 y concordantes del Código Electoral Nacional”.
Además, la Cámara Nacional Electoral ratificó que se debía “sancionar con la pérdida de aportes públicos extraordinarios para la campaña que hubieran correspondido a los partidos como integrantes de la alianza” y dispuso que se investigara a los eventuales responsables de las “numerosas irregularidades” detectadas.
EL FALLO DE RAMOS PADILLA
En febrero de 2022, Ramos Padilla desaprobó los gastos de campaña electoral de Vidal y sancionó con multas a los espacios que conformaron la alianza Cambemos como el PRO, con $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno; y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fe, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $34.395.
En esa causa, la Justicia investigó si el entonces gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires para las listas de candidatos diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña, y el binomio de postulantes a Senadores que integraban Esteban Bullrich y Gladys González.
El caso se conoció por una nota periodística difunda en 2018, en la que se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante.
Esas personas -llegaron a detectarse a miles- figuraban como afiliados al PRO que habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $350 y $1.500.
En el fallo, Ramos Padilla afirmó que el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que la información suministrada por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña “no coincidía” con la aportada por la Dirección Nacional Electoral.
A la vez, el magistrado remarcó que, de acuerdo a los peritajes, el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y detalló que cuando los peritos cruzaron datos de los supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores, “los DNI no se correspondían”.
“Además, el magistrado consignó que la auditoría realizó un entrecruzamiento de datos con la base de monotributistas de AFIP, en el cual se expuso un listado de 179 aportantes cuyas contribuciones superaban el 30% de sus facturaciones mensuales”, añadió.
También se detectó que 40 aportantes “podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la provincia; o bien por superar los topes establecidos”.
Paralelamente, se detectaron 209 personas “que pese a haber realizado considerables donaciones de dinero, percibían algún plan o beneficio de Anses” y en el expediente se graficó que había aportantes que presuntamente donaron 20 mil pesos, pero percibían el Programa Hogar (para la compra de garrafas sociales), o aportaron 17 mil pesos y cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Así, el magistrado rechazó la rendición de gastos porque Cambiemos “no pudo acreditar el origen y destino de los fondos de la campaña electoral”, y pidió que se extraigan testimonios para que se investigue penalmente el caso.
31 de agosto. La Justicia de Dolores le dio al Ministerio de Economía un plazo de cinco días para entregar toda la documentación del acuerdo por 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. La sentencia denuncia violación a la Ley de Acceso a la Información Pública.
27 de agosto. Tres espacios compiten por ocupar las 7 bancas que se renuevan en el Concejo Deliberante dolorense. Qué mensajes buscan hacer llegar a los votantes y cómo se replican en las calles y las redes sociales.
21 de agosto. El tercer tramo de la autovía que conecta Mar de las Pampas y Mar Azul, el último que faltaba para completar la doble vía en los accesos geselinos, quedó inaugurado ayer con la presencia del gobernador Axel Kicillof.
21 de agosto. Ahora deberá pronunciarse el Senado. A la medianoche, el gobierno anunció la salida de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, luego de que se filtrara un audio en el que hablaba del cobro de coimas.
18 de agosto. Es profesora de Lengua y Literatura y figura en el puesto 18 de la lista que lidera José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires. Su presencia llamó la atención en Dolores y ya generó repercusiones. ¿Cuál es su historia y cómo llegó a la boleta libertaria?
14 de agosto. El proyecto se ubicará entre Circunvalación y Ruta 11, a mitad de camino con Mar de las Pampas. Tendrá piletas termales, hotel, centro de convenciones, cabañas y espacio para 13.000 visitantes.
08 de agosto. El proyecto, que contempla que las termas funcionen durante todo el año, será presentado el próximo martes 12 de agosto en el complejo Parque Bonito.
07 de agosto. La unidad del peronismo detrás de Gabriela Demaría contrasta con una oposición dispersa, sin liderazgos claros y atravesada por internas radicales, apuestas libertarias, figuras locales con gestión y outsiders del voto bronca. ¿Hay lugar para una sorpresa?