La Cámara Nacional Electoral confirmó la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla, que había desaprobado los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos desarrolló en territorio bonaerense para las PASO de 2017, cuando María Eugenia Vidal era gobernadora.
En el fallo -al que tuvo acceso la agencia Télam- el máximo tribunal electoral confirmó la sentencia del magistrado, que había sido apelada por Juntos por el Cambio y dispuso que se tramiten “las actuaciones pertinentes, a fin de determinar las eventuales responsabilidades personales que pudieran corresponder de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 146 y concordantes del Código Electoral Nacional”.
Además, la Cámara Nacional Electoral ratificó que se debía “sancionar con la pérdida de aportes públicos extraordinarios para la campaña que hubieran correspondido a los partidos como integrantes de la alianza” y dispuso que se investigara a los eventuales responsables de las “numerosas irregularidades” detectadas.
EL FALLO DE RAMOS PADILLA
En febrero de 2022, Ramos Padilla desaprobó los gastos de campaña electoral de Vidal y sancionó con multas a los espacios que conformaron la alianza Cambemos como el PRO, con $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno; y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fe, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $34.395.
En esa causa, la Justicia investigó si el entonces gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires para las listas de candidatos diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña, y el binomio de postulantes a Senadores que integraban Esteban Bullrich y Gladys González.
El caso se conoció por una nota periodística difunda en 2018, en la que se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante.
Esas personas -llegaron a detectarse a miles- figuraban como afiliados al PRO que habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $350 y $1.500.
En el fallo, Ramos Padilla afirmó que el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que la información suministrada por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña “no coincidía” con la aportada por la Dirección Nacional Electoral.
A la vez, el magistrado remarcó que, de acuerdo a los peritajes, el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y detalló que cuando los peritos cruzaron datos de los supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores, “los DNI no se correspondían”.
“Además, el magistrado consignó que la auditoría realizó un entrecruzamiento de datos con la base de monotributistas de AFIP, en el cual se expuso un listado de 179 aportantes cuyas contribuciones superaban el 30% de sus facturaciones mensuales”, añadió.
También se detectó que 40 aportantes “podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la provincia; o bien por superar los topes establecidos”.
Paralelamente, se detectaron 209 personas “que pese a haber realizado considerables donaciones de dinero, percibían algún plan o beneficio de Anses” y en el expediente se graficó que había aportantes que presuntamente donaron 20 mil pesos, pero percibían el Programa Hogar (para la compra de garrafas sociales), o aportaron 17 mil pesos y cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Así, el magistrado rechazó la rendición de gastos porque Cambiemos “no pudo acreditar el origen y destino de los fondos de la campaña electoral”, y pidió que se extraigan testimonios para que se investigue penalmente el caso.
21 de agosto. La nueva casa para el deporte dolorense, una obra que permaneció inconclusa durante más de 16 años, está destinada a los clubes, las escuelas y los deportistas locales y tendrá una capacidad para albergar 1.400 espectadores.
18 de agosto. Fue luego de una reunión del gabinete municipal, encabezado por el intendente Juan de Jesús, con el gerente general de la empresa, que informó que avanza con la revisión de los casos particulares sobre los que ya fueron realizados reclamos.
12 de agosto. El jefe comunal en uso de licencia y la intendenta interina fueron procesados por haber retenido documentos de votantes en los comicios de 2019, que ganaron por 50 votos. La Justicia comprobó que 19 personas no pudieron votar por la retención de documentos, pero sospechan que el número sería mayor.
11 de agosto. Desde diciembre de 2023, las tarifas eléctricas de EDEA acumulan aumentos que van del 480% al 620%, según la categoría de usuario. Un incremento que tiene su raíz en la profunda transformación de la política energética definida por el gobierno nacional: reducción de subsidios, recomposición del precio mayorista y mayor traslado del costo de la energía a los usuarios. Por qué no todos tuvieron el mismo aumento y cuánto se encareció la electricidad frente al resto de los precios.
07 de agosto. Luego de casi 12 horas de sesión, el proyecto de ley fue aprobada en general con 37 votos a favor y 33 en contra. Durante su tratamiento se eliminaron los capítulos referidos a la compra de tierras por parte de extranjeros y a los cambios vinculados a la Ley de Manejo del Fuego.
06 de agosto. El gobierno municipal del peronista de Juan Pablo García decidió denominarlo “Estadio Ciudad de Dolores”. “La iniciativa afecta principios básicos de convivencia democrática y respeto por las decisiones institucionales de la ciudad”, argumentaron los radicales dolorenses en un documento.
26 de julio. Cada 26 de julio se reconoce a los abuelos y abuelas por su rol fundamental en la familia.
15 de julio. Dolores registró el mayor incremento de los fondos provinciales entre los municipios de la Quinta Sección durante el período 2023-2026, con una suba del 6,54%. En la comparación entre 2025 y 2026, Lobería y Monte encabezaron los aumentos, mientras que Pinamar y Villa Gesell sufrieron las mayores reducciones.