La CGT, la CTA y las cámaras empresarias acordaron en el Consejo del Salario un aumento del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) del 20% en 4 tramos, que se abonará de la siguiente manera: un 7% en diciembre, 6% en enero, 4% en febrero y 3% en marzo de 2023.
"El nuevo incremento del mínimo, vital y móvil para el año paritario, comprendido entre marzo de este año e igual mes de 2023, totalizó un 110,5% ", informó el Ministerio de Trabajo. Cabe recordar que actualmente SMVM está en $ 57.900 y que en agosto era de $ 47.850. Para marzo de 2023, ese monto llegará a $ 69.500.
La CTA, la CGT y las cámaras respaldaron la propuesta de aumento salarial del 20% en 4 tramos y la revisión en febrero de 2023, lo que mereció un duro rechazo de la CTA Autónoma, que ratificó en el encuentro sus posiciones históricas al respecto, según consignó Télam.
En cambio, los dirigentes gremiales de la CTA Autónoma votaron en contra del nuevo incremento y señalaron que el acuerdo implica que "el ingreso mínimo se eleve a $ 69.500 recién en marzo" próximo, indicó el estatal y líder de esa central, Hugo Godoy.
El acuerdo fue finalmente rubricado en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa Rosada por el presidente Alberto Fernández, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Trabajo, Raquel Olmos.
El sector empresario, representado por Daniel Funes de Rioja (UIA) y el de los trabajadores, a través de Héctor Daer (CGT) y Hugo Yasky (CTA), manifestaron sus expectativas en torno al acuerdo.
El Presidente agradeció y ratificó la importancia y las responsabilidades que cada uno de los sectores asumieron para llevar adelante una propuesta que tiene por objeto fundamental combatir la alta inflación y recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios, indicaron fuentes oficiales.
"Tomada con mayoría absoluta de los integrantes del Consejo del Salario, es otra muestra del valor de nuestra democracia: no hay forma de hacer política sin diálogo. Seguiremos trabajando por una sociedad más justa en donde todos ganen", señaló luego Fernández en su cuenta de Twitter.
Por su parte, Olmos destacó que “la alta inflación va en contra de los salarios y por eso es tan importante que los trabajadores organizados y los empresarios hayamos podido acordar". Y agregó: "Apostamos y nos comprometemos con que tenga éxito la política del gobierno, y el planteo que está vigente de que la inflación se reduzca, se concrete", para "recuperar capacidad adquisitiva".
"Si tomamos la indigencia comparable con el SMVM, es decir correspondiente a la canasta de un adulto mayor, son $45.200, lo que establece el Indec al mes de octubre", refirió la ministra, y puntualizó que "el SMVM de noviembre estará en $57.900, es decir que está por encima de la canasta de indigencia comparable".
"La idea es que igual durante los meses de diciembre y enero el índice todavía fortalezca más la recuperación de ese SMVM y que eso nos permita articular con este proceso que está impulsando el gobierno de reducción paulatina de la tasa de inflación de manera que en los meses de febrero y marzo el índice previsto es de 4 y 3%, demostrando la enorme apuesta que tanto empresarios como trabajadores hacemos a la apuesta que estableció el Gobierno nacional", completó.
El rechazo de la CTA Autónoma
La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) de Hugo Godoy y Ricardo Peidro rechazó nuevamente el acuerdo y ratificó que para no perder contra la inflación de este año el ingreso mínimo en diciembre debería ser de $ 64.000; reclamó otra vez "una política integral para que ese haber supere a la inflación y no pierda poder adquisitivo" y también sostuvo la necesidad de legislar y aprobar "un salario universal".
La CTA Autónoma reclamó una actualización del mínimo del 47% y, en un documento posterior al encuentro, Godoy sostuvo que desde hace tiempo "la inflación no es determinada por los aumentos de precios sino por la especulación empresaria, que no realiza ningún esfuerzo para distribuir los ingresos a favor de los trabajadores".
Aunque el dirigente valoró los esfuerzos de la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, para hallar "un punto intermedio", dijo que "el nuevo aumento no permite siquiera sostener el nivel de ingresos de marzo y no recupera poder adquisitivo", y detalló que la exigencia de una mejora del 47% entre noviembre y marzo se fundamentó en las pérdidas del 20% durante el macrismo y de otro 11% a partir de 2019.
Godoy ratificó la necesidad de definir una canasta de referencia para "tener claridad respecto de lo que se discute"; propuso revisar la cuotificación de los aumentos y ratificó la demanda de la CTAA de que el mínimo alcance a los sectores de casas particulares, rurales y estatales provinciales y municipales, los que aún "no tienen este derecho", dijo.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.