Mar del Plata: Con sanciones, aprobaron ordenanza para regular la Zona Roja y ahora el Ejecutivo deberá definir la ubicación

Luego de un año de debate con marchas y contramarchas, el Concejo Deliberante de Mar del Plata aprobó este viernes una ordenanza para regular la oferta y demanda de sexo en la vía pública, a través de un proyecto del oficialismo que contempla la aplicación de sanciones para quienes no respeten los lugares y horarios autorizados para la actividad.

El que llegó a la sesión como dictamen por mayoría logró el acompañamiento de los once concejales del interbloque de Juntos y de Nicolás Lauría, mientras que el proyecto del Frente de Todos quedó como primera minoría con sus nueve votos. Ambas propuestas tenían un contenido idéntico en la mayoría de los aspectos, aunque para la oposición no había que incorporar sanciones por considerarla una “criminalización” de las personas en situación de prostitución. Por fuera, Acción Marplatense en soledad planteó una tercera alternativa: la convocatoria a una mesa de trabajo con múltiples actores institucionales para consensuar un proyecto. En tanto, llamó la atención la ausencia de Alejandro Carrancio.

El dictamen apoyado por el Palacio Municipal establece que quienes no respeten zonas y horarios recibirán multas de mil a cinco mil Unidades Fijas (UF) y/o arresto de 5 a 30 días. Las UF son establecidas por el Ministerio de Infraestructura bonaerense y actualmente cada una equivale a $123,40, por lo que las multas irán de $123 mil a $617 mil. Serán los jueces de Faltas los encargados de establecer las sanciones, mientras que la Secretaría de Seguridad tendrá a su cargo a la implementación de la ordenanza.

A partir de la aprobación de la ordenanza se abre un debate de primer orden: tras la promulgación, el intendente dispondrá de un plazo de 45 días para decretar la ubicación del o los lugares autorizados para funcionar como Zona Roja. En ese periodo, el jefe comunal podrá recibir recomendaciones y pedidos de reuniones con sectores implicados para sumar insumos al momento de considerar las zonas habilitadas. En ese sentido, trabajadoras sexuales ya adelantaron su intención de ser escuchadas.

"Esta es una problemática que los vecinos de la Zona Roja sufren desde hace más de 20 años. Estamos ante un gobierno que decidió tomar cartas en el asunto. Respetamos las miradas alternativas, pero acá hay una solo víctima, que son los vecinos del barrio", planteó Agustín Neme (Vamos Juntos), defensor del proyecto apoyado por el gobierno.

"Como sabemos que hay un sector de personas que pueden no querer cumplir esta normativa, es necesario incorporar sanciones", explicó sobre los motivos para incorporar las multas y penas de prisión, en medio de reclamos de trabajadores sexuales que presenciaron la sesión. "Se ha dicho que queremos criminalizar, pero eso es mentira. Hemos incorporado distintos proyectos de la oposición para pensar en la contención", sostuvo respecto a los cuestionamientos del Frente de Todos. 

Por su lado, Nicolás Lauría resaltó que su bloque fue impulsor del debate cuando en abril de 2022 presentó un proyecto para trasladar la Zona Roja, que si bien fue archivado en medio de cuestionamientos, instaló el debate. "Hemos encontrado un punto de partida para la solución de esta problemática histórica", celebró el edil de Crear Juntos. Otro punto de vista sostuvo Horacio Taccone (Acción Marplatense, quien se expresó en contra de las sanciones y acusó un tinte electoralista en el proyecto del gobierno: "Esta ordenanza es demagógica, no le va a solucionar la vida a los vecinos, tenemos que dejar de vivir de ilusiones".

Finalmente, Sol de la Torre (Frente de Todos) expresó que en todo el proceso el gobierno municipal "no realizó ningún diagnóstico, no desarrolló ningún tipo de política de inclusión, de reconocimiento, de entendimiento de cuál es la situación en la que se encuentra cada persona que ejerce la prostitución en la vía pública". Aseguró que se violan tratados internacionales sobre derechos humanos y ratificó la consideración que "la criminalización y estigmatización es lo único que propuso el Ejecutivo". En ese sentido, consideró que "con esta norma el Estado está diciendo que las personas en situación de prostitución son delincuentes por hacerlo donde al Municipio no le parece" y especuló con que podrá ser utilizada por la policía para perseguir a trabajadoras sexuales mientras circulen en zonas no autorizadas, responsabilizándolas de ofertar sexo.

¿A dónde trasladarán la Zona Roja?: el debate que se viene

La ordenanza también contempla un abordaje multidisciplinar al fenómeno de la prostitución callejera, con especial atención en las condiciones de seguridad e higiene de la Zona Roja. En esa línea, se avanzará con la puesta en valor de los espacios públicos elegidos, con una adecuada y funcional iluminación, instalación de baños públicos, refugios y depósitos de desechos; garantizando el mantenimiento de las instalaciones. También se deberán instalar cámaras de monitoreo, coordinando también con las cámaras de privados o particulares que se encuentren en la zona.

Asimismo, se implementarán dos programas para la contención de las personas en situación de prostitución. Por un lado, el Reparar, orientado a la terminalidad educativa y la prevención de violencias, y, por el otro, un dispositivo de nocturnidad para el abordaje integral de las distintas problemáticas y/o vulneración de derechos, ya sea de salud en general como por consumos problemáticos.