Con el propósito de defender los recursos de la comunidad, el Municipio de Morón inició en agosto del año pasado juicios de apremio a tres empresas de telefonía celular: Telefónica de Argentina SA, Telefónica Móviles SA y AMX. Las mismas adeudan una cifra inicialmente calculada en 11.200.000 pesos por el no pago de la Tasa por Inspección del Emplazamiento de Estructuras y/o Soportes de Antenas y Equipos Complementarios (TIEE), por el periodo fiscal 2021, conforme lo establecido en la Ordenanza Fiscal e Impositiva. Días atrás, la Justicia en lo Civil y Comercial de Morón trabó embargos preventivos por $ 5.243.916,20 a Telefónica y $ 4.935.350,22 a AMX (Claro). Estos montos se encuentran depositados en los expedientes judiciales e invertidos en plazos fijos a la espera de obtención de la sentencia.
Los períodos adeudados por las telefónicas a Morón corresponden a las cuotas 1, 2 y 3 del período 2021 de la TIEE, un tributo que se aplica en todos los distritos con el objetivo de regular la instalación y funcionamiento de instalaciones y tecnología de telecomunicaciones.
En los últimos dos años, el Gobierno que conduce el intendente Lucas Ghi puso especial énfasis en que las políticas tributarias se orientaran al desarrollo económico, social y humano en la comuna. En ese sentido, a la par de las exenciones que permitieron a más de 10.000 pymes del distrito atravesar la etapa más recesiva de la pandemia, el Estado local se ocupó del recupero de deudas generadas por el no pago de algunas obligaciones fiscales por parte de grandes contribuyentes. Fue así que, en diciembre último, por ejemplo, obtuvo un histórico fallo a favor en la causa iniciada contra el Grupo Concesionario del Oeste S.A. La empresa explota el uso de la Autopista del Oeste y adeuda casi 33 millones de pesos por la falta de pago de la tasa municipal por mantenimiento y/o reconstrucción de las vías de acceso.
Desde el Municipio de Morón afirmaron que continuarán con las “acciones de recupero de deuda, como evidencia del compromiso del Gobierno municipal para exigir el cumplimiento de los deberes fiscales, que permiten nutrir las arcas públicas e implementar programas y acciones en favor de la comunidad”.
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.
24 de diciembre. Un paro de empleados municipales por tres días expone un fuerte conflicto salarial con la gestión local, afecta servicios esenciales y vuelve a encender alertas en el mapa político bonaerense, en un escenario que no es aislado y se repite en distintos distritos.
18 de diciembre. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley, pero en la votación en particular el capítulo XI fue impugnado. El proyecto ahora pasa al Senado.