El gobierno nacional anunció ayer un aumento del 45% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se instrumentará en 4 tramos y llegará a fin de año a los $ 47.850, con la posibilidad de solicitar una revisión total a partir de agosto, después del acuerdo entre sindicalistas y empresarios bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo.
El presidente Alberto Fernández encabezó en la Casa Rosada la firma del acta acuerdo junto al ministro de Trabajo, Claudio Moroni y los representantes de sindicatos, el sector empresario y el Consejo Federal del Trabajo, al término del encuentro del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario.
"Esto que estamos logrando es un gran paso, en el sentido que queríamos dar, ya que la recuperación de los ingresos es un tema central para nuestro Gobierno", sostuvo el mandatario, y agregó: "La distribución del ingreso está en crisis en el mundo y nosotros queremos una mejor distribución, que se logra mejorando el salario real de la gente".
Los 32 sindicalistas y empresarios que integran el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil deliberaron durante poco más de dos horas de manera virtual y convinieron la actualización de ese ingreso, que desde septiembre último es de $ 33.000.
Así llegaron a un acuerdo para que el aumento del ingreso mínimo sea del 45% hacia diciembre, en 4 tramos: 18% en abril, 10% en junio, 10% en agosto y 7% en diciembre, con revisión en agosto próximo.
El Ministerio de Trabajo informó que cualquiera de los dos sectores podrá solicitar a partir de agosto próximo "un nuevo encuentro para revisar el acuerdo", atento a la marcha del proceso inflacionario y a la evolución del índice salarial y de precios.
El monto mínimo por desempleo es de $ 9.167 y el máximo de $ 15.270, y será elevado a partir del nuevo acuerdo, en tanto las sucesivas mejoras alcanzan también a más de un millón de trabajadores y beneficiarios de programas sociales.
La disidencia de la CTA Autónoma
Según las fuentes oficiales y gremiales, el acuerdo se alcanzó por "unanimidad", con 31 votos afirmativos. En tanto, la CTA Autónoma que lideran Ricardo Peidro y Hugo Godoy, ratificó su "postura histórica", exigió "un primer y fuerte aumento ante el avance de la inflación y un plan progresivo para que ese ingreso no pierda más valor", por lo que se abstuvo y no acompañó la propuesta final que votaron cámaras, CGT y CTA.
En un documento dejó en clara su "disconformidad", porque "el aumento no atiende de ningún modo la pérdida del 23,5% del salario real durante el gobierno de Mauricio Macri y del 15,5% en los últimos dos años", dijeron los dirigentes.
También señalaron que "el Consejo no atendió la propuesta de la central de determinar un plan que incluya a los sectores no alcanzados por el organismo, como el personal público provincial y municipal, de casas particulares, rural y de cuidados comunitarios", y exigió un inmediato incremento del 53%.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.