Cristina Kirchner echó a 40 empleados de planta temporaria del Senado que figuraban como asesores del bloque UCR, porque en dos años no se conectaron a trabajar por zoom en ninguna dependencia y por lo tanto eran "ñoquis", como se conoce en la administración pública a quienes cobran y no aparecen.
Así los consideró la secretaria administrativa de la Cámara, María Luz Alonso, quien en su primera reunión con los jefes de bloque en 2019 les explicó a los radicales que había una planta desproporcionada de asesores y tenían que deshacerse de varios o buscarles tarea para justificar el sueldo.
Pero unos 40 no hicieron ni una cosa ni la otra y aún en tiempos de pandemia, no aparecieron en ninguna reunión virtual prestando servicio. El 3 de enero, Alonso firmó una resolución cesanteándolos, pero recién este miércoles la UCR filtró la noticia en los medios y la definió como una venganza por no haber avalado la ley de bienes personales el 29 de diciembre, que se sancionó igual.
En el Frente de Todos no le perdonan a los jefes opositores que hayan especulado con frustrar la sesión cuando supieron que el oficialista Guillermo Andrada tenía Covid. Finalmente pudieron aprobar la ley con la colaboración de la riojana Clara Vega, aliada de Juntos por el Cambio hasta unos días antes.
Fuentes de la conducción del Senado niegan que se trate de un pase de facturas y recuerdan que los radicales ya habían sido advertidos que no podían tener personal nombrado sin aparecer por ninguna oficina, ni siquiera las virtuales.
"Ninguno de los 40 se quejó y no cobraron el sueldo en febrero. Claramente el pase de facturas fue entre los padrinos de varios de ellos y recién ahora lo quisieron hacer público", interpretan desde el oficialismo.
"Un administrativo de despacho no es tan fácil que consiga otro senador", admitieron, pero creen que no son los únicos casos y les apuntaron por el mal clima que hay después de la última sesión.
El recinto no abrirá hasta el 24 de febrero y sólo para el acto protocolar de elegir autoridades. No hay consenso para tratar leyes hasta nuevo aviso.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.