El presidente Alberto Fernández prorrogó por otros cuatro años la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a través del cual también se suspenden por el mismo plazo la ejecución de sentencias sobre esos litigios.
Mediante el decreto 805, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo revalida los plazos que fueron establecidos en la ley 26.160, y que en su oportunidad fueron extendidos por las leyes 26.554, 26.894 y 27.400, sancionadas a tales efectos.
La normativa sancionada por el Presidente, y firmada por todos los ministros del Gabinete, suspende por "el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras".
Asimismo, se fija que "durante la vigencia del plazo de la emergencia declarada, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, dar intervención al Estado Provincial y los Estados Municipales implicados y, en caso de corresponder, a la Administración de Parque Nacionales".
Las autoridades también deberán también "promover las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Indígenas Provinciales, Universidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones No Gubernamentales".
También se dispone la asignación "para cada uno de los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad al presente decreto de un crédito de $290.000.000 destinados a la atención del Fondo Especial" contemplado en la Ley 26.160.
El INAI presentará, a partir del año 2022, y antes del 30 de noviembre de cada año, ante el Congreso "un informe anual que detalle el estado de avance del proceso de relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, conforme lo establece el artículo 3º de la Ley Nº 26.160, el cual deberá incluir información georreferenciada sobre las comunidades relevadas y el proceso de relevamiento e indicará el porcentaje de avance", se establece en el DNU.
La Ley 26.160 se sancionó en el marco de lo previsto en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce, entre otros aspectos, "la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan".
La citada norma implicó "el cumplimiento de compromisos asumidos" por el Estado Argentino "mediante la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en base a un criterio que prevé que "los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente", según se indica en los fundamentos del decreto 805.
09 de septiembre. El oficialismo tendrá mayoría propia en el recinto, conformado por un total de 14 concejales, ya que la notable performance de Fuerza Patria en las elecciones del domingo le permitió sumar 4 ediles a los 4 que ya tenía.
09 de septiembre. Con los resultados del 7 de septiembre, el oficialismo de Fuerza Patria retendrá la mayoría con 8 bancas, La Libertad Avanza sumó más representación y el bloque de Somos Buenos Aires, con Daniel López y Yamila Coppola, también seguirá en el recinto.
08 de septiembre. El espacio que reunió a peronistas disidentes, radicales, socialistas y referentes del GEN y de la Coalición Cívica resultó el más votado para concejales en General Lavalle, General Madariaga, Lobería y San Cayetano.
08 de septiembre. La lista impulsada por el Intendente Municipal se impuso por casi el 60% de los votos.
07 de septiembre. La lista de La Libertad Avanza, que llevó como primer candidato a concejal a Fernando Muro, obtuvo el 38,18% de los sufragios.
07 de septiembre. La lista pinamarense encabezada por Martín Rapallino obtuvo el 50,6% de los votos, mientras que la candidata geselina de LLA, Clarisa Armando, se impuso con el obtuvo el 36,1% de los sufragios.