El presidente Alberto Fernández firmó ayer el Decreto 711/2021 para convertir los planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector privado, transformando las prestaciones en "incentivos para la contratación" en forma de "parte integrante del salario", informaron fuentes oficiales a Télam.
En su artículo 1, la norma dispone que las carteras de Desarrollo Social y Trabajo "efectuarán las modificaciones necesarias en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado".
Según se especifica, la aplicación del programa estará sujeta al cumplimiento de uno o ambos de los siguientes requisitos: "Incremento neto de la nómina del personal de la empleadora o del empleador que adhiera, de acuerdo al modo de medición que se establezca en cada sector y límites máximos de trabajadoras y trabajadores alcanzadas y alcanzados".
En el artículo 2, se indica que "la prestación se considerará parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad".
Se establece asimismo que "en casos particulares, en función de los montos efectivos de salario y plazos de contratación vigentes, podrá establecerse la compatibilidad entre la prestación y la remuneración abonada".
"El valor de dicha prestación y su duración, las modalidades y plazos de contratación y el número máximo de trabajadoras y de trabajadores que puedan ser incorporadas e incorporados bajo estos programas serán fijados en forma conjunta por ambos Ministerios", dice además.
En los casos de pluriempleo, se establece que "deberán fijarse las reglas de distribución del incentivo entre los distintos empleadores y las distintas empleadoras".
En el artículo 3 del decreto, se afirma que los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo deberán elaborar un "cronograma para que, en función de las posibilidades y los requerimientos que se determinen respecto de los distintos sectores económicos, todo beneficiario y toda beneficiaria de una prestación asistencial se incorpore a una trayectoria formativa ocupacional, tanto a través de cursos específicos como de prácticas calificantes en ambientes de trabajo".
En estos casos, el beneficiario mantendrá "el derecho al cobro de la prestación asistencial durante la vigencia del período de instrucción o se aplicará lo previsto en el artículo anterior cuando la práctica implique la incorporación a la planta de personal del empleador y/o de la empleadora".
Se especifica luego que "producida la discontinuidad del contrato de trabajo, las personas beneficiarias tendrán la posibilidad de volver a percibir la asistencia que establece el Programa, si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses, dentro de los 2 años anteriores al cese del contrato laboral".
En el caso de que el período de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social se encuentre entre los 8 y los 12 meses dentro de los 2 años anteriores al cese del contrato laboral, los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de reingresar al programa de origen o acceder a la prestación por desempleo.
El Presidente había anticipado la medida el viernes pasado en el 57° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires, donde dijo que "si algo caracterizó al espacio político que hoy gobierna Argentina es la promoción de la inversión empresaria y la creación de empleo".
"Con ese mismo espíritu actuamos hoy, y por eso estamos disponiendo a través de un decreto marco un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho", enfatizó aquella vez, porque se necesita "impulsar el empleo registrado".
"Cambiar planes por empleo debe ser nuestro primer objetivo. De ese modo estaremos combatiendo frontalmente a la pobreza que hoy ha sumido a millones de familias argentinas", remarcó el mandatario en esa oportunidad.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.