Junto a la Ley de Etiquetado Frontal, en la que se centró la atención en estos días, y por la que vienen luchando distintas organizaciones de la sociedad civil, otros proyectos del temario dejaron de ser tratados en el Congreso luego de que la oposición se negara ayer a dar quórum (ver aparte). Uno de ellos es la ley de protección y reparación a personas en situación de calle y familias sin techo, que ya fue discutida en comisiones y esperaba ser tratada en el recinto para obtener media sanción. Al igual que la jubilación anticipada para los trabajadores de viñedos, fue uno de los proyectos cuyo tratamiento quedó bloqueado por la decisión del bloque de Juntos por el Cambio.
Ayer se convocaron frente al Congreso distintas organizaciones sociales para reclamar que "es urgente" que avance el tratamiento de esta ley. Allí organizaron seis ollas populares con las que se alimentó una gran cantidad de personas en situación de calle. "Ellos no trabajan cuando el pueblo los necesita, y después somos nosotros los planeros", denunciaron referentes de espacios que se ocupan durante todo el año de sostener merenderos y contener la pobreza de distintas maneras.
"Esta ley avanza en una batería de políticas que permitan encarar todos esos derechos vulnerados que tienen las personas en situación de calle, con un abordaje interdisciplinario", define el diputado Federico Fagioli, autor del proyecto que vienen trabajando desde hace más de dos años con distintas organizacion sociales y áreas del gobierno nacional, también con el ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires.
Electo en de 2019, integrante del bloque del Frente de Todos por el frente Patria Grande y referente del movimiento Nuestra América, Fagioli vive en Pueblo Unido, un asentamiento de Glew que se creó tras una toma de tierras de la que fue protagonista. Desde su experiencia de vida y de militancia, el tema de la vivienda, la "integración socio urbana de los barrios populares", forma parte de su agenda prioritaria.
Fagioli critica el acento puesto en el asistencialismo, y no en una solución de fondo, que observa en las políticas de la Ciudad de Buenos Aires. "Lo máximo que ofrecen son paradores nocturnos donde la gente no quiere ir, porque no les ofrece una solución ni algo mejor que la calle: a las 6 los echan, y a lo mejor al volver se encuentran con que el único colchón que tenían, se lo quemaron", denuncia.
El registro
Como punto de partida, la ley propone la realización de un registro nacional de personas en situación de calle, con la participación del Indec. "Ni siquiera se conoce la real dimensión de la problemática. Los pocos registros que hay, son los de las organizaciones sociales. Y el que hizo oficialmente la Ciudad de Buenos Aires dejó afuera, justamente, a las organizaciones sociales que trabajan con estas personas", denuncia.
A mediados de este año el Gobierno porteño informó que hay 2.573 personas en situación de calle en el distrito. Sin embargo, un grupo de cinco organizaciones sociales (MTE, Acij, Cels, Proyecto 7 y Nuestra América), que identificaron en el Censo Popular de 2019 a 7.251 personas en esta situación, denunciaron un subregistro y calcularon que el número trepa a 9500.
Los impulsores de esta ley advierten que en otros distritos y provincias ni siquiera se ensaya un registro.
El proyecto
La ley propone la creación de una red nacional de centros de integración y acompañamiento comunitario donde se brinden espacios terapéuticos, talleres y capacitación a las personas en situación de calle y con consumos problemáticos. También un sistema de atención telefónica las 24 horas, que permita la intervención inmediata, todo a nivel nacional. El presupuesto estará contemplado dentro de las ártidas del Ministerio de Desarrollo Social.
Marian López Dualde, militante de Nuestra América y trabajadora de la Red Puentes, fue una de las que estuvo ayer frente al Congreso organizando las ollas populares. Se dieron cita allí referentes de movimientos sociales como Esteban "Gringo" Castro, Dina Sánchez, Norma Morales, con el reclamo de que "esta ley es urgente".
El reclamo
"Este boicot del quórum nos pone en una situación muy compleja. Son muchas las provincias y distritos donde no hay ningún tipo de dispositivo que pueda abordar la problemática responsablemente y con personal capacitado. No sólo es urgente, es necesaria, hace a la justicia y a la dignidad humana", plantea López Dualde.
"Nos dicen que en el resto del país no hay familias en situación de calle. ¿Están seguros? ¿Qué pasa con esas personas en situación de hacinamiento, en casas tomadas, en casillas, en situaciones muy vulneradas, sin ningún servicio básico ni estabilidad habitacional? ¿Cómo viven nuestros compañeros?", se pregunta la referente.
Al igual que Castro, hizo "un llamado de atención a esos trabajadores que no trabajan (en referencia a los diputados), para que vean que somos un montón de personas que estamos exigiendo esta ley". Y también pidió "que dejen de mirarse el ombligo y puedan darse cuenta de que la situación de estas personas vulneradas en la Ciudad de Buenos Aires es dramática, y en el resto del país, también".
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