El Gobierno promulgó la ley 27.563 de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, aprobada el 1º de setiembre último por el Congreso de la Nación, a través del decreto 753/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial.
La ley prorroga para el sector turístico el reparto del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), las asistencias económicas a pequeñas y medianas empresas, la reducción de contribuciones patronales, los planes de moratoria, la suspensión de embargos y la reducción de alícuotas de la ley del cheque.
Esta legislación también incluye los bonos vacacionales para los consumidores, programas de pre venta y un plan de devoluciones de servicios que no pudieron ser brindados. Asimismo, contempla una compensación de un crédito del 50% por parte del Estado a los turistas que compren un paquete que lo podrán utilizar en ese viaje u otro que realicen a lo largo del 2021.
Se beneficiarán con esta ley los servicios de alojamiento, las agencias de viaje, el transporte, los servicios de licenciados en turismo, los centros turísticos, los alquileres de bienes, las bodegas, jardines botánicos, zoológicos, parques, organizaciones de ferias y congresos, gastronomía, servicios de salones, productos regionales y producción de espectáculos.
La legislación prorroga por 180 días el plazo para pagar los impuestos que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias cuyos vencimientos operen hasta el 31 de diciembre de 2020.
También se suspende por 180 días prorrogables por igual término la traba de cualquier tipo de medida cautelar a requerimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Además, encomienda al Banco Central a establecer líneas crediticias subsidiadas tanto para el sector privado como para aquellos municipios donde el turismo constituya su principal actividad económica. Un detalle completo de las medidas contempladas en el texto de la normativa nacional puede consultarse aquí.
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12 de diciembre. La especialista Laura Galuzzi advirtió sobre la pauperización y fragmentación que implica el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. “Saca claramente al Estado del lugar de garante de la educación y le traslada el peso a las familias y a las jurisdicciones”, le dijo a ENTRELINEAS.info.
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