El juez federal Claudio Bonadio estaba a cargo del juzgado federal 11, desde donde encabezó la avanzada judicial contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios.
Estaba de licencia desde el año pasado, cuando se sometió a una operación en la cabeza tras finalizar la instrucción de la causa de los “Cuadernos”. En enero había extendió su licencia y su juzgado fue subrogado por el juez Sebastián Casanello.
El año pasado fue sometido a una intervención quirúrgica para removerle un quiste que lo mantuvo fuera de sus funciones durante varias semanas. Durante el mes de enero se tomó licencia por vacaciones no gozadas. Y tenía previsto extenderla durante febrero, según consignó este medio el domingo pasado.
El Gobierno buscaba negociar con el juez su renuncia, ya que el el kirchnerismo no tenía el número para impulsar la vía del juicio político y la destitución. Bonadio tenía tres denuncias por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura.
Bonadio, que tenía 26 años de carrera como juez federal de los tribunales de Comodoro Py, fue el primer juez en llamar a indagatoria a la ex presidenta y actual vice Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “dólar futuro”, además de ser el que más veces la procesó y elevó a juicio oral y público.
El juez elevó a juicio más de 5 causas contra Cristina Kirchner, la citó a 7 indagatorias en un solo día y le dictó 9 prisiones preventivas, seguidas de pedidos de desafuero al Congreso, informó el diario La Nación.
En septiembre pasado, Bonadio elevó a juicio oral a Fernández de Kirchner, al ex diputado nacional Julio De Vido y a otro medio centenar de imputados en la causa que investiga los denominados cuadernos de la corrupción y dos expedientes derivados de esa pesquisa. Además, Bonadio investigó a los hijos de la vicepresidenta, Máximo y Florencia.
Cristina lo acusó de persecución política y lo calificó como el ejemplo del lawfare. Antes de desembarcar en la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández dijo que Bonadio era uno de los jueces que iban a tener que explicar sus sentencias.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.