El fiscal del primer juicio oral previsto contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Diego Luciani, solicitó al tribunal que arbitre los medios para que comience el juicio el próximo martes, más allá del pedido de todo lo actuado en la investigación que hizo ayer la Corte Suprema de Justicia.
"La mera interposición de un recurso de queja ante la Corte Suprema no suspende el trámite del proceso y, por tal razón, corresponde adoptar medidas a los efectos de asegurar que el 21 de mayo se pueda dar inicio a la audiencia de debate en la presente causa", argumentó el fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal federal.
Luciani se refirió así a la escueta notificación de la Corte formulada ayer al tribunal: "Por disposición del Tribunal (Corte Suprema), solicítense los autos principales con carácter de urgente", con la firma del secretario Penal del máximo tribunal, Fernando Arnedo.
Luciani consigna en su pedido que conoció el pedido de la Corte por "medios de comunicación" y dijo desconocer en el marco de qué recurso o causa los ministros solicitan los autos sobre los que él viene trabajando en la acusación a la ex presidente en la causa llamada "Vialidad".
El fiscal citó jurisprudencia de la Corte de 1942, que señala que "la sola interposición del recurso de queja no tiene efecto suspensivo", aunque aclaró en su escrito que pueda haber salvedades cuando existan "circunstancias excepcionales que hagan indispensable la suspensión de los trámites ante los jueces de la causa".
Por todo lo expuesto, el fiscal del juicio aseguró que "habré de peticionar al Tribunal que solicite a la Corte Suprema de Justicia de la Nación -teniendo en cuenta que el 21 de mayo se habrá de dar inicio a la audiencia de debate-, se sirva proceder a la devolución de las actuaciones con antelación suficiente".
05 de junio. “Para nosotros es fundamental. Recibimos entre 50.000 y 80.000 turistas”, dijo Gustavo Barrera durante una reunión de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se debatieron dos proyectos para reorganizar el calendario de feriados.
02 de junio. Como adelantó Entrelineas.info y reconoció Carlos Bianco, varios municipios del interior bonaerense enfrentan una crisis económica profunda. El caso de Villa Gesell expone la gravedad del escenario: recortes de funcionarios, fusión de áreas y preocupación por el pago de sueldos y aguinaldos.
31 de mayo. Mientras Milei, el PRO y parte del radicalismo negocian un frente antiperonista en la provincia, en municipios como La Costa la unidad suena más a fantasía que a plan real. Todos contra todos: acusaciones cruzadas, internas al rojo vivo y alianzas fallidas dibujan un escenario donde cualquier acuerdo parece más un rejunte que una alternativa de poder.
28 de mayo. Esteban Santoro, intendente madariaguense, se convirtió en el primer dirigente político importante que denuncia directamente a la obra social de los jubilados. Jorge Villalba, secretario de Salud geselino, anticipó que el municipio también prepara una denuncia formal.
27 de mayo. El 6 de junio, Javier Milei será recibido por el sucesor de Francisco en el Vaticano. Luego viajará a Italia, Francia e Israel, en una gira marcada por contradicciones ideológicas, tensiones globales y objetivos diplomáticos.
26 de mayo. El ajuste nacional ya impacta de lleno en las finanzas locales: varias comunas del interior bonaerense advierten graves dificultades para cumplir con sus obligaciones. Villa Gesell declaró la emergencia económica, mientras que en el vecino Partido de La Costa confirmaron que los pagos están garantizados. “Hay municipios muy complicados”, advirtió el ministro Carlos Bianco.
22 de mayo. La referente local de La Libertad Avanza descartó cualquier alianza con el exintendente y denunció irregularidades durante su gestión. “Nosotros no hacemos acuerdos con quienes usaron el Estado”, aseguró.
22 de mayo. Por la decisión de no trasladar el 12 de octubre, que este año cae domingo, distintos municipios turísticos de la Quinta Sección advierten que perder el fin de semana largo afectará gravemente las economías locales. Piden al Congreso que revierta la medida.